Organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE han mostrado su preocupación por que la COVID-19 produzca un repunte de la desigualdad en todos los países del mundo.  

Oxfam ha entrevistado a 295 economistas de 79 países y el 87% prevé que la desigualdad de ingresos "aumente" o "aumente mucho" en sus respectivos países a consecuencia de la pandemia. Esto está pasando tanto en países ricos como pobres. Los más ricos de la sociedad han conseguido aumentar sus ahorros durante el confinamiento, pero las personas más pobres han experimentado una pérdida de ingresos y a menudo han tenido que endeudarse para salir adelante.

A menos que los Gobiernos actúen inmediatamente, se va a producir un aumento de la desigualdad en todos los países del mundo al mismo tiempo, un hecho sin precedentes desde que existen registros sobre la desigualdad.

El sistema económico actual está enriqueciendo aún más a una minoría que ya era rica a expensas de millones de personas en situación de pobreza. A lo largo de los últimos 40 años, el 1 % más rico de la población mundial ha obtenido una mayor proporción de los beneficios del crecimiento económico que la mitad más pobre de la humanidad. Esta desigualdad alimenta la pobreza.

Si los beneficios se hubiesen repartido de manera más equitativa, si los Gobiernos invirtieran en sanidad y educación en vez de bajar los impuestos a las grandes empresas y las personas más ricas, si las grandes empresas pagaran un sueldo digno a su personal en vez de engordar los dividendos de sus accionistas, y si se antepusiera el acceso a los medicamentos y a las vacunas a los derechos de propiedad intelectual y los beneficios de las grandes farmacéuticas, hace años que se podría haber erradicado la pobreza en el mundo.

Las bolsas sufrieron su mayor caída con el inicio de la pandemia, destruyendo activos financieros por valor de miles de millones de dólares. Bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, inyectaron miles de millones de dólares para evitar el colapso, permitiendo la recuperación de los mercados, y con ellos, las fortunas de las personas más ricas del mundo, cuyo patrimonio está compuesto mayoritariamente por valores y acciones. Como resultado, en tan solo nueve meses los milmillonarios ya habían recuperado toda la riqueza que habían perdido debido a la COVID-19, mientras que las personas en mayor situación de pobreza podrían necesitar más de una década para recuperarse.

El problema no es ganar dinero; los beneficios excesivos y la riqueza extrema sí lo son. Son los síntomas de un sistema económico fallido que beneficia a una minoría a expensas del resto de la población.

Es el caso de la industria farmacéutica, por ejemplo. El Gobierno estadounidense ha invertido mil millones de dólares de sus contribuyentes en la farmacéutica Moderna para apoyar el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. A pesar de que la empresa únicamente tiene capacidad para producir vacunas para menos del 7 % de la población mundial de cara a finales de 2021, se niega a compartir tecnología e información que podrían permitir que otros fabricantes produjeran la vacuna.

Moderna también ha reservado todas las vacunas que producirá este año para los países, que pagarán un precio elevado por ellas, dejando sin nada a los países en desarrollo. Esto ha enriquecido enormemente a los dueños de Moderna. Este es exactamente el tipo de fracaso económico que alimenta la desigualdad extrema.

Las personas que utilizan su dinero para ayudar a otras personas merecen ser aplaudidas, ¡claro que sí! Pero las donaciones benéficas no sustituyen la responsabilidad de las personas ricas y las grandes empresas de pagar la parte justa de impuestos que les corresponden. Y tampoco justifica que utilicen su poder y contactos para ejercer presión con el fin de conseguir ventajas injustas sobre el resto.

Por ejemplo, las donaciones del sector privado en los Estados Unidos no superan los 20 000 millones de dólares anuales, pero se estima que el país dejó de recaudar 135 000 millones de dólares en impuestos en 2017 por la elusión y evasión fiscal de las grandes empresas.

En todo el mundo, la pandemia está afectando más a las personas en mayor situación de pobreza, especialmente a las mujeres y los grupos étnicos y racializados en situación de exclusión.

Es más probable que estas personas trabajen en sectores que han sufrido una pérdida masiva de empleos a causa de la pandemia (como la venta al por menor y el turismo). Además, como estos empleos suelen pertenecer al sector informal, también tienen menos probabilidades de recibir indemnizaciones por despido, disponer de ahorros o acceder a prestaciones por desempleo en las que apoyarse en caso de despido.

También tienen menos probabilidades de tener acceso a servicios de salud de calidad, más probabilidades de vivir en condiciones de hacinamiento o de trabajar en empleos que las exponen a un mayor riesgo de contraer el virus. Además, tienen más probabilidades de padecer otros problemas de salud, lo que las expone a un mayor riesgo de morir a causa del virus.

Aunque la pandemia de COVID-19 haya servido para que algunos Gobiernos reaccionen, otros siguen sin actuar, lo que conlleva desastrosas consecuencias.

Por ejemplo, el Gobierno de Kenia ha respondido ante la crisis de COVID-19 aplicando recortes fiscales a las personas más ricas y las grandes empresas, mientras que ha destinado una financiación adicional insignificante a la salud pública y a medidas para apoyar a las personas que han perdido sus ingresos a causa de la crisis. En cambio, Argentina ha adoptado un impuesto solidario a la riqueza, de carácter temporal, que grava la riqueza extrema. Este impuesto podría recaudar más de 3000 millones de dólares que permitirían financiar las medidas para luchar contra la COVID-19, por ejemplo, invirtiéndolo en suministros médicos y ayudas para las personas en situación de pobreza y las PYMES.

Priorizar la inversión en sectores que ofrezcan empleos dignos y sostenibles, en lugar de malgastar miles de millones para rescatar a grandes empresas ricas, a menos que se cumplan ciertos requisitos, como que las empresas rescatadas paguen su justa parte de impuestos o reduzcan sus emisiones de carbono.

Basar la respuesta en la construcción de modelos económicos más justos y sostenibles aportará grandes beneficios para las personas y el planeta. Un estudio de Climate Action Network International reveló que invertir en energías renovables en los Estados Unidos permitiría generar casi tres veces más empleos que invertir la misma cantidad en combustibles fósiles. No obstante, a fecha de noviembre de 2020, las naciones del G20 se habían comprometido a destinar 251 000 millones de dólares de los fondos para la recuperación frente a la COVID-19 a empresas de combustibles fósiles.

La idea de que aplicar unos impuestos bajos para los más ricos es favorable para el crecimiento económico y la creación de empleo está obsoleta. El FMI está a favor de la aplicación temporal de impuestos solidarios a la riqueza y las rentas altas para ayudar a financiar la recuperación, y ha advertido de que no deben volver a aplicarse medidas de austeridad en respuesta a la pandemia.

Una economía sólida se cimienta sobre una fuerza laboral con buena salud y con formación adecuada, buenos medios de transporte, una buena red de comunicaciones y el Estado de derecho. ¡Y todo esto se financia a través de nuestros impuestos! Por ello, es fundamental que todos los miembros de la sociedad paguen la parte de impuestos que les corresponden justamente.

Creemos que la existencia de milmillonarios es un síntoma de que vivimos en un sistema económico fallido, y que debería ponerse fin a la riqueza extrema. Creemos que el mundo sería un lugar mejor con menos milmillonarios y más personal médico.