Las fronteras se convertirán en limbos legales, reteniendo a las personas en condiciones similares a la detención: sin acceso a asistencia jurídica, médica o psicosocial.

Las solicitudes de asilo se harán en las fronteras, en plazos acelerados y sin garantías legales, vulnerando el principio de no discriminación.

Se normalizan las detenciones prolongadas en condiciones de privación de libertad, afectando a familias y niños y niñas.

El pacto permite deportar rápidamente a personas sin darles un proceso justo, usando excusas como que su país es "seguro". Esto puede llevar a deportaciones apresuradas, incluso si tienen derecho a apelar.

Mantiene la obligatoriedad de pedir asilo en el primer país de llegada, agravando la ineficiencia y desigualdad entre los sistemas de asilo.

Permite a los países pagar para evitar acoger personas, financiando deportaciones y control fronterizo con fondos europeos.

Permite a los estados alegar “crisis” para incumplir obligaciones de acogida, erosionando el sistema de asilo europeo.

Refuerza el papel de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y aumenta las penas para quienes faciliten la entrada sin autorización, incluso a nivel organizativo.

La reforma de EURODAC (la base de datos europea de personas migradas y solicitantes de asilo), permitirá aumentar la recogida de datos biométricos de la cara, incluso de niñas y niños de seis años. Además, se podrá cruzar con datos policiales, promoviendo el perfilamiento y discriminación racial.

Delegación del control de fronteras a terceros países a cambio de beneficios comerciales, sin garantizar vías legales y seguras.