La ONG Oxfam Intermón ha analizado las políticas utilizadas durante la pandemia por los gobiernos de 126 países de ingresos bajos y medios para ayudar a la población, ya sea a través de prestaciones por discapacidad, desempleo, menores a cargo o pensiones de jubilación. El informe “Refugio en la tormenta”, realizado en colaboración con Development Pathways, concluye que ninguna de las transferencias públicas ha sido suficientemente elevada como para satisfacer las necesidades básicas.
En total, el mundo ha gastado este año 11,7 billones de dólares para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Pero 9,8 billones de dólares de ellos (el 83%) los han gastado 36 países ricos, frente a sólo 42.000 millones de dólares (el 0,4 %) empleados por 59 países de bajos ingresos.
En lo que respecta al dinero adicional destinado específicamente a los programas de protección social, 28 países ricos han invertido 695 dólares por persona. En cambio, los países de bajos ingresos y los países emergentes han gastado un importe per cápita que va de los 28 dólares a unos ínfimos 4.
Por si fuera poco, los países ricos solamente han aumentado en 5.800 millones de dólares su ayuda a países en desarrollo para financiar protección social, lo que equivale a menos de 9 centavos por cada 100 dólares recaudados para hacer frente a la COVID-19.
"El coronavirus ha unido al mundo en el miedo, pero lo ha dividido en la respuesta", dice Liliana Marcos, responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón y coautora del informe. "La pandemia impulsó un loable esfuerzo en materia de protección social a nivel mundial que llegó a más de mil millones de personas, pero a día de hoy, hay muchas más que se han quedado totalmente al margen “.
La necesidad de mejores programas de protección social para ayudar a la población es enorme. 500 millones de personas trabajan menos horas o han perdido el trabajo, y esto afecta a las mujeres el doble que a los hombres. Las y los trabajadores de los países de ingresos bajos son quienes más han sufrido, ya que han perdido el 23 % de sus horas de trabajo. Mucha gente se está endeudando, se ve forzada a saltarse comidas, a dejar de llevar a los menores de edad a la escuela o a vender sus bienes. El flujo de remesas de las personas migrantes a las familias que dependen de ellas en sus países se ha detenido. La pobreza y el hambre se están disparando a nivel mundial.
Sin embargo, el informe concluye que:
- El 41 % de los planes de protección social de los 126 países analizados han consistido en pagos únicos (agotados hace mucho tiempo); y sólo el 13 % de los programas han sido de más de seis meses. Ocho de cada diez países no ha llegado a atender ni siquiera a la mitad de su ciudadanía.
- Algunos países, como Sudáfrica, Namibia y Bolivia, han estado mejor preparados ya que contaban con beneficios sociales casi universales desde antes de la pandemia. Oxfam Intermón considera que la mayoría de los demás países podrían haberlo logrado también, con mejores políticas y más apoyo.
- Para 2030, Kenia e Indonesia, por ejemplo, podrían reducir su tasa de pobreza en un 25 % y un 31 % respectivamente invirtiendo el 1,7 % de su PIB actual en planes de protección social universal.
- Muchos países en desarrollo han podido movilizar ayuda no financiera, como la alimentaria, pero esta suele ser insuficiente para satisfacer la falta de ingresos y la ausencia de prestaciones públicas de protección social.
Oxfam Intermón recuerda que la protección social es tanto un salvavidas como un derecho humano, y una de las inversiones más poderosas y asequibles para reducir la desigualdad, la vulnerabilidad, la pobreza y la necesidad. "Los argumentos a favor de la ayuda exterior, la fiscalidad progresiva y la solidaridad internacional nunca han sido tan fuertes”, explica Liliana Marcos “precisamente por esta época desesperada que estamos viviendo. Todo porque la desigualdad no es un fallo del sistema económico mundial, sino una parte consustancial del mismo”.
La organización subraya que años de inversión insuficiente y asesoramiento equivocado por parte de instituciones internacionales (que prefieren prestaciones contra la pobreza y no universales) han dejado a la mayoría de los países en desarrollo con programas de protección social limitados o ineficaces, exponiéndolos así a las peores consecuencias de la pandemia.
El informe recoge historias como la de Sovann Vary, una madre soltera camboyana que, al quedarse sin trabajo como empleada de hogar, pidió prestados 5.000 dólares para comprar un tuk-tuk con el que trabajar. Ahora tiene dificultades para devolver el crédito, y no es elegible para el plan de seguridad social establecido por el gobierno camboyano. Otro caso es el de Brenda Carolina, trabajadora en el sector informal de la confección en Guatemala, cuya familia depende de ayuda alimentaria esporádica después de que su solicitud para una ayuda pública fuera rechazada y a pesar de los esfuerzos del gobierno guatemalteco por aumentar su cobertura.
"Todavía hay tiempo para que los gobiernos de los países en desarrollo aumenten su apoyo a la población subiendo los impuestos a quien más tiene para sufragar programas decentes de protección social universal. Y todavía hay tiempo para que las naciones ricas aumenten su ayuda y cancelen la deuda para que los primeros puedan costear estos programas”, dice Liliana Marcos.
Oxfam Intermón pide la creación de un Fondo Global para la Protección Social que sea la piedra angular de una economía post Covid más igualitaria y resistente, y que evite un aumento de la desigualdad y la pobreza en el mundo. Los gobiernos de países de bajos y medianos ingresos deben destinar un 2 % adicional de su PIB a programas de protección social y garantizar unos ingresos mínimos a los niños y niñas, las personas mayores, las madres y las personas con discapacidad. ”Necesitamos una inversión sin precedentes", concluye Marcos, " que se enfrente con rotundidad y valentía a la crisis".
