Las grandes empresas españolas aún no demuestran un compromiso sólido con la responsabilidad fiscal que garantice que pagan los impuestos que les corresponde donde les corresponde, según el último informe de Oxfam Intermón donde se analizan las medidas que las 24 empresas incluidas en el IBEX 35 en la última década han implementado en materia fiscal.
El número de empresas que está llevando a cabo algún grado de avance son una clara minoría, y en una gran mayoría de casos éstos son parciales y no llegan a integrar un marco efectivo de responsabilidad fiscal. “La contribución fiscal de las empresas no es una mera exigencia legal, sino un ejercicio esencial de responsabilidad hacia las sociedades en las que se han podido desarrollar” señala Miguel Alba, responsable de sector privado y desigualdad de Oxfam Intermón.
En 2015 la organización publicó el primer análisis sobre cómo abordaban la fiscalidad las empresas del IBEX 35. Las conclusiones resultaban desoladoras. Casi ninguna empresa rendía cuentas sobre sus políticas fiscales, en pocos años habían disparado su presencia en guaridas fiscales, hasta superar las 1.000 filiales en esos territorios en 2015 desde las 234 que tenían en 2009, y los niveles de transparencia sobre sus prácticas fiscales resultaban totalmente insuficientes.
En Asignatura pendiente. Los escasos avances en responsabilidad fiscal de las grandes empresas se analizan los avances desde el 2015 de 24 de las 35 empresas del IBEX 35, que son las que han seguido formando parte de este índice bursátil desde ese año y que desde la organización han hecho seguimiento con carácter anual.
La conclusión fundamental del informe es que la mayoría de estas empresas se ciñen a lo que la ley les exige sin abordar una visión más amplia que se comprometa con una contribución fiscal que vele por un desarrollo social y justo. Para el 75% de las empresas analizadas, el elemento esencial de su estrategia fiscal consiste meramente en cumplir con la ley, y tan sólo cuatro empresas, -Iberdrola, Naturgy, Repsol y Telefónica-, tiene definida una estrategia fiscal desarrollada, basada en una serie de principios y con un marco de gobernanza que vela por su implementación efectiva.
En transparencia fiscal, tan sólo tres empresas, - Bankinter, Iberdrola y Repsol-, publican un reporte fiscal completo, que permite conocer sus prácticas fiscales en todos los países en los que operan, y en formato comparable. Otras tres - Banco Santander, Enagás y Ferrovial- también aportan un reporte completo, aunque en un formato no estandarizado que impide comparar datos. El resto de empresas, un 75% del total de las analizadas, aporta una información fiscal por país insuficiente de cara a una rendición de cuentas efectiva sobre prácticas fiscales.
Otro elemento de transparencia es hacer público el mapa de empresas, una información necesaria para comprender la estructura organizativa del grupo empresarial y entender cómo se canalizan los flujos monetarios y de pago de impuestos. En este aspecto tan solo dos compañías, -Repsol e Indra-, publican dicho mapa con la información necesaria para hacer la trazabilidad de las operaciones del grupo empresarial.
En lo que respecta a presencia en guaridas fiscales, si bien desde hace varios años las empresas están reduciendo el número de filiales que mantienen en estos territorios, aún lo hacen a un ritmo muy lento. En 2021 mantenían 681 filiales en guaridas fiscales, un 1% menos que el año anterior, y a ese ritmo aún tardarían 97 años en eliminar totalmente su presencia en estos territorios.
Pero lo cierto es que la mayoría de filiales en guaridas fiscales pertenecen a un número reducido de empresas. La mitad del total de filiales son del Banco Santander, ACS y Ferrovial. Y desde 2009 siete empresas (ArcelorMittal, Acciona, Repsol, Banco Santander, ACS, Ferrovial e Iberdrola) mantienen de forma consistente el 75% del total de filiales en guaridas fiscales de las 24 empresas analizadas.
La mayoría de éstas aún tienen casi todo por hacer en transparencia y responsabilidad fiscal. Por un lado, han de desarrollar una estrategia que reconozca y vele por el papel esencial que la contribución fiscal de las empresas juega en nuestras sociedades. “Es imprescindible un ejercicio de rendición de cuentas transparente así como un compromiso real de acabar con las guaridas fiscales” señala Alba.
Más impuestos, más servicios públicos
Desde el lado legislativo, se han lanzado iniciativas para tratar de reformar el sistema fiscal global y tratar de que las grandes empresas tributen lo que deben donde les corresponde. El principal proyecto ha sido el proceso BEPS (Erosión de Bases Imponibles y Desvío de Beneficios, por sus siglas en inglés) de la OCDE que aún sigue en marcha, así como otras medidas legislativas a nivel europeo y nacional. Sin embargo, lo cierto es que estos desarrollos normativos pecan de falta de ambición y resultan insuficientes para establecer un marco legal exigente para la fiscalidad de las grandes empresas.
“Las grandes empresas y los legisladores tienen que responder a una mayor conciencia ciudadana que exige que éstas paguen los impuestos que les tocan. Los ciudadanos y ciudadanas cada vez toleran menos que haya grandes multinacionales que se escaqueen de sus obligaciones fiscales” continúa Alba. Así, si bien en 2012 tan sólo el 57% de la población española tenía una actitud positiva frente a los impuestos, hoy en día esa proporción ha llegado al 75%. Al mismo tiempo, el 80% de la población española considera nada tolerable que una gran empresa eluda o evite pagar impuestos, aunque el 72% considera que las grandes empresas cometen fraude fiscal de forma generalizada.
Resulta imprescindible para una tributación empresarial justa y responsable, que el marco legal sea sólido, coherente y minimice las fisuras que posibilitan los comportamientos irresponsables y las pérdidas fiscales producidas por la evasión y la elusión fiscal. Por ello Oxfam Intermón insta al Gobierno a abordar una reforma del Impuesto de Sociedades que garantice que las grandes empresas paguen un tipo efectivo sobre sus beneficios empresariales que se acerque al tipo nominal, así como limitar la activación de créditos fiscales, modificar la norma anti-deslocalización para incluir el concepto de “jurisdicciones no cooperativas” y hacer obligatorio para todas las empresas cotizadas el informe país por país con desglose geográfico completo de carácter público. Además, debe revisar el listado de guaridas fiscales e impulsar la promoción de zonas libres de guaridas fiscales. Entre otras medidas, como reforzar el impuesto a los beneficios extraordinarios.
