- Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón avisan que el Gobierno puede ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional
- Las organizaciones alertan también al Ejecutivo del riesgo de que el armamento exportado a Irak, Egipto y Turquía pueda ser desviado para los conflictos de Libia, Siria y Yemen
- Entre 2018 y 2019 se autorizó la exportación de armas por valor de 21.825 millones, de los que ya se han efectuado envíos por importe de 7.880 millones
- En un contexto de crisis económica, preocupa, como ya pasó en la anterior crisis, que la promoción de las exportaciones españolas se anteponga al cumplimiento de la ley y al respeto de los derechos humanos
Con motivo de la comparecencia, el próximo lunes 29, del Gobierno en la Comisión de Defensa del Congreso para rendir cuentas sobre exportaciones de armas españolas, las organizaciones que forman la campaña Armas Bajo Control (Oxfam Intermón, Greenpeace, FundiPau y Amnistía Internacional), tras analizar la información sobre exportaciones de armas de 2018 y 2019, piden al Gobierno que suspenda de forma inmediata las exportaciones de armamento a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel, por ser una violación de la legislación vigente y exponerse a ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional en los Territorios Palestinos Ocupados (en el caso de Israel), Yemen, Siria o Libia, donde operan grupos armados apoyados por los saudíes y EAU.
La comparecencia del Gobierno en esta Comisión es especialmente importante, debido a que no se celebraba desde 2018, a pesar de que el sector armamentístico opera bajo un intolerable manto de secretismo. También lo es porque el Ejecutivo deberá rendir cuentas por un volumen récord de autorizaciones que entre 2018 y 2019 ascendieron a 21.825 millones de euros, de los que ya se han exportado 7.880 millones de euros. Esto hace prever que, a menos que se revoquen algunas autorizaciones, continuará el aumento de las exportaciones iniciada con las medidas de apoyo a la exportación de armas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy con la crisis de 2008. Tanto es así que en el periodo 2015-2019 se autorizaron exportaciones por valor de 58.806 millones y que se han materializado en unas ventas de 4.000 millones anuales de media.
Preocupa especialmente que, como respuesta a la crisis económica provocada por la COVID-19, se antepongan unos supuestos beneficios económicos cortoplacistas al respeto a la legislación que prohíbe vender armas para cometer atrocidades. En este sentido, las ONG recomiendan avanzar progresivamente hacia el establecimiento de un modelo de control parlamentario previo para exportaciones sensibles, como ocurre en otros países exportadores como EE. UU.
Armas Bajo Control alerta al Ejecutivo del historial de desvío de armas no españolas exportadas a Irak, Egipto y Turquía que fueron desviadas para cometer atrocidades en Yemen, Libia o Siria. En algunos de estos casos se han documentado armas estadounidenses, belgas, suizas, alemanas y británicas que acabaron en manos de milicias en Yemen, incluidas algunas vinculadas al Estado Islámico y Al Qaeda. Ante esta situación, las ONG reclaman medidas de control para evitar posibles desvíos, incluida la denegación de las autorizaciones de exportación de armas a Irak, Egipto y Turquía, ante el riesgo evidente de desvío para cometer violaciones de derechos humanos.
Secretismo injustificado
El aumento de ventas en 2018 y 2019 no se acompañó de más control ni más transparencia. Uno de los aspectos más preocupantes en el comercio de armas sigue siendo la opacidad, ya que las resoluciones del organismo interministerial que autoriza las exportaciones (JIMDDU) opera bajo total secretismo al amparo del Acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 1987 que cataloga por sistema como “reservadas” todas sus actas. Este acuerdo debe ser reformado con carácter inmediato para mejorar el control por parte del Parlamento y la ciudadanía.
Los grupos parlamentarios deben impulsar la tramitación con urgencia de la reforma de la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 para adecuarla a las normas internacionales de derechos humanos. Esta reforma debe garantizar el principio general de transparencia y asegurar que la nueva norma no limita el acceso a información para prevenir, reducir o mitigar abusos y violaciones de derechos humanos en el comercio de armas y la rendición de cuentas del Gobierno. También debe permitir que las autorizaciones sean públicas y recurribles ante la justicia; establecer la obligatoriedad de motivar la clasificación de materia “secreta” y excluir de dicha clasificación las materias que afectan a los derechos humanos.
Algunas luces en las sombras de las ventas de armas
Tras asumir el poder en verano de 2018, el Gobierno del PSOE denegó una exportación de bombas a Emiratos Árabes Unidos que, junto a Arabia Saudí, ha llevado a cabo más de 21.000 bombardeos en Yemen desde marzo de 2015. Estos ataques aéreos han causado cerca de 19.000 víctimas civiles que, junto al cólera y la COVID-19, han provocado la mayor catástrofe humanitaria actual, según la ONU.
En el segundo semestre de 2018 el Gobierno no aprobó ninguna autorización a Arabia Saudí ni firmó nuevos acuerdos con ese país, una suspensión de facto similar a la de varios países europeos. Esto se refleja en un descenso de las exportaciones en 2019 a este país hasta los 35 millones de euros. Sin embargo, el aumento de exponencial de las autorizaciones en 2019 podría significar una subida relevante de las exportaciones en 2020.
La aprobación por el Gobierno en abril de un Protocolo de Verificación y un nuevo Certificado de Último Destino como respuesta a las demandas sociales se vio como un avance aunque, lamentablemente, se desconoce cómo se va a aplicar, por lo que puede convertirse en una “medida florero” si no incluye garantías legalmente vinculantes que garantice que las armas exportadas no se emplearán contra la población civil.
