“Algunas de las medidas fiscales del proyecto”, dice Lara Contreras, responsable de incidencia de Oxfam Intermón, “suponen una mayor progresividad del sistema fiscal y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos en un momento en que estos son tan necesarios”. Contreras destaca la subida a las rentas del capital superiores a 200.000 euros y a las de trabajo por encima de los 300.000. “Sin embargo, las rentas del capital aún están infragravadas”, apunta.
La organización valora positivamente la entrada en vigor del impuesto digital y el de transacciones financieras, aunque cree que ambos se han implementado de forma “descafeinada”. También considera positivas las mejoras en el impuesto de patrimonio, pero apunta a que el gobierno ha perdido la oportunidad de hacer un cambio drástico y más ambicioso en el impuesto de sociedades, y lamenta la falta de medidas contra la evasión y la elusión fiscales.
“Esperábamos una mayor limitación, del 90 y no del 95%, a la exención sobre dividendos y plusvalías que las empresas españolas generan fuera de nuestras fronteras. Y tendrían que haberse gravado los beneficios extraordinarios durante la pandemia”, subraya Lara Contreras.
En cuanto al polémico incremento sobre el diésel, Oxfam Intermón recuerda que podría penalizar a hogares de menor renta y con menor capacidad para reducir sus emisiones, por lo que, si sale adelante, debería de ir asociado a un esquema de “cheques climáticos” que amortigüen ese impacto y contribuyan a reducir la desigualdad y a adaptarse a la crisis climática.
En general, según indica Oxfam Intermón, la recaudación fiscal sigue recayendo de forma desproporcionada sobre las familias. De acuerdo con la previsión de ingresos tributarios para 2020, los impuestos soportados por las familias crecen tres puntos respecto al año pasado, al pasar del 84% al 87%, mientras se reduce del 11% al 9% la contribución de las empresas. Las medidas fiscales anunciadas junto al proyecto de presupuestos pretenden corregir esa desproporción, si bien en forma muy leve e insuficiente, a juicio de la ONG.
En lo referente al gasto, “sí creemos que estos PGE 2021 intentan dar un giro para responder a las enormes necesidades que ha traído consigo la pandemia y que en buena parte son el resultado del modelo económico previo”, explica Lara Contreras. “Es positivo ver que estos presupuestos no apuestan por la austeridad y el recorte del gasto público que se hizo en la crisis anterior. Pero, de nuevo, aún hay mucho que mejorar y esperamos que esto suceda durante la negociación en el Congreso”.
Oxfam Intermón considera que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una medida sin precedentes, y recuerda que es necesario que no desaparezca la prestación por hijo a cargo como medida destinada al apoyo a la crianza de niños y niñas en pobreza relativa, no protegidos por un IMV que tiene un umbral muy bajo de acceso y centrado en pobreza severa.
En cuanto al IPREM, indicador que sirve de base para calcular ayudas públicas, la ONG considera una buena noticia su subida, aunque recuerda que ese índice se ha devaluado durante una década y el incremento anunciado no recupera todo lo perdido. “Es esencial además”, apunta Lara Contreras, “avanzar hacia la definición de un nuevo indicador que sirva para actualizar de forma automática las ayudas públicas y así evitar nuevas congelaciones, en coherencia con lo suscrito en el pacto de Gobierno de coalición”.
La apuesta por la diversificación de la economía y la reducción del peso de sectores de bajo valor añadido donde prima la precariedad es también positiva según estima Oxfam Intermón, que recuerda, sin embargo, que los presupuestos pueden hacer mucho contra la precariedad laboral, pero no todo. En este sentido y respecto al aumento de más de un 70% de la partida de servicios sociales donde se enmarca una gran inversión en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAD), la organización recuerda que el SAD esconde muchas situaciones de precariedad laboral y que el dinero público debe emplearse no sólo para incrementar la cobertura o la intensidad de las ayudas, sino para evitar el empleo informal de trabajadoras del hogar en el cuidado de dependientes y la mejora de las condiciones de empleo de miles de mujeres que hoy prestan el servicio de ayuda a domicilio.
En materia de cooperación internacional el presidente del Gobierno ha anunciado un aumento del 20% de las partidas destinadas a la AOD. “Es una medida muy coherente con el necesario abordaje de una crisis tan profunda en el mundo en desarrollo, donde se disparan el hambre y la pobreza”, dice Lara Conteras. “A falta de los detalles, esperamos ver un crecimiento sustancial en la ayuda humanitaria, en materia de salud y vacunas, y en seguridad alimentaria. Es un primer paso, limitado pero positivo, hacia el cumplimiento del acuerdo de Gobierno de llegar al 0,5% de la renta nacional bruto en ayuda al desarrollo al final de la legislatura”.
