Cada vez más cerca del final: el Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el primer litigio climático de la historia de España. La votación y fallo, que tendrá lugar el próximo 27 de junio en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, será decisiva en la lucha contra el cambio climático. De fallar a favor de la demanda, la justicia podría obligar al Gobierno a modificar el objetivo de reducción de emisiones para 2030: del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes sobre la base de los informes del IPCC.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón demandaron al Gobierno de España hace ya tres años por inacción ante el cambio climático. Posteriormente, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se sumaron al proceso. Las cinco organizaciones confían ahora en que la justicia les dé la razón, y reconozca la obligación que tiene el Estado de proteger a la ciudadanía frente a los efectos de la crisis climática. Para ello, la sentencia debe exigir al Gobierno que apruebe una reducción de emisiones mucho más ambiciosa, como exigen los informes científicos. La justicia española seguiría así la senda emprendida por tribunales de otros países europeos, como Holanda, Francia y Alemania, que han obligado a sus gobiernos a incrementar la ambición de sus políticas climáticas.
“Este ‘juicio por el clima’ lucha por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia, como ha señalado el informe del IPCC recientemente publicado”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes.
.
La actual situación de emergencia climática que está golpeando a buena parte de la Península Ibérica con una sequía galopante, temperaturas anormalmente elevadas e incendios cada vez más intensos, evidencia la necesidad de actuar con urgencia y ambición. Además, el cambio climático no tiene fronteras: la temperatura media de los océanos ha batido su récord desde que hay registros oficiales, en todo el mundo se respiran cantidades nocivas de contaminación y la deforestación del Amazonas, pulmón del planeta, ha alcanzado niveles nunca vistos.
Las organizaciones denuncian que España continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera. El objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 23% previsto en el PNIEC. Solo esa drástica reducción puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar así los peores efectos del cambio climático, tal y como advierte la comunidad científica.
“Cualquier política que no pase por un abandono completo de los combustibles fósiles y una apuesta decidida por las energías renovables, garantizando así el respeto a los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, se sitúa al margen del derecho internacional. Confiamos en que la justicia haga su parte”, ha insistido Ruiz-Huerta.
Jaime Doreste, también abogado del proceso, ha señalado que “cuando ni las advertencias científicas, ni el activismo ecologista, ni la participación en procedimientos reglados se plasman en unos objetivos climáticos suficientes, es el momento de acudir a los tribunales para que obliguen al Gobierno a cumplir sus compromisos. Por eso hemos llegado hasta aquí y esperamos que la justicia falle en favor del derecho al medio ambiente y a la vida”.
Tres años de proceso
En septiembre de 2020, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron el primer litigio climático en España para pedir el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos y exigir responsabilidades por la falta de ambición en políticas de mitigación del cambio climático.
El procedimiento judicial se inició con una demanda ante el Tribunal Supremo contra la inactividad de la Administración, que incumplió la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, de aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) antes de 2020.
Tras la aprobación del PNIEC por el Gobierno en marzo de 2021, las tres organizaciones junto con Fridays For Future y La Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, plantearon en junio de ese mismo año un nuevo recurso contra el contenido de dicho plan, denunciando la falta de ambición y el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Acuerdo de París.
El próximo 27 de junio se resolverán los dos procesos climáticos mencionados.
Precisamente en esa fecha concluye el plazo en el que el Gobierno tiene que presentar ante la Comisión Europea la revisión del PNIEC. Es en ese plan donde se debería plasmar la revisión de los objetivos climáticos de España, por lo que, de no hacerlo, el Ejecutivo se podría encontrar con que su plan nace muerto, en caso de que la sentencia del “juicio por el clima” resulte favorable a las organizaciones demandantes.
DOSSIER DE PRENSA
