A principios de octubre 20 organizaciones sociales se reunieron con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para trasladarles sus propuestas para que el Pacto Europeo de Migración y Asilo se centre en las personas y los derechos humanos.
En dicha reunión, tanto el presidente como la ministra mostraron su voluntad de involucrar a la sociedad civil en los Planes de Implementación del Pacto en España con el objetivo de considerar los análisis especializados, las propuestas y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, y pese al importante paso que supuso esta reunión, dos meses después aún no han recibido la propuesta por parte de los ministerios competentes. Tampoco han podido acceder al borrador del Plan de Implementación que debe presentarse por parte de España antes del 12 de diciembre.
El Pacto no puede ser entendido como algo lejano y distante a la sociedad y, de hecho, su implementación tiene que ser coherente y estar completamente integrada con el desarrollo de políticas migratorias en nuestro Estado, según las organizaciones sociales. Esta nueva regulación llega para España en un momento de despliegue de acción política, a través de la aprobación de la última reforma al Reglamento de Extranjería, y la toma en consideración de la Propuesta de Ley para una regularización de personas migrantes. Además, ambos procesos han sido ampliamente participados desde la sociedad civil, y esta característica ha sido una de las condiciones asumidas por el presidente para el diseño del plan de implementación del Pacto en nuestro Estado.
Las 20 entidades han recordado la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso y la relevancia de la transparencia en el mismo, en un contexto especialmente “inquietante” y cada vez más desfavorable para la garantía de derechos a nivel europeo, tras la propuesta de la Comisión Europea de valorar “soluciones innovadoras” como la creación de centros de internamiento en terceros países, siguiendo el modelo italiano. Para las entidades, esto supondría dar una vuelta de tuerca más a las amenazas que ya de por sí plantea el Pacto en materia de derechos humanos, debido a que “a todas luces pone el riesgo el principio de no devolución y en peligro de muerte el derecho de asilo en Europa”.
"España ha dado un paso adelante en el rechazo de estas iniciativas y tiene una oportunidad histórica de tomar medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas migrantes, especialmente en el caso de las niñas y los niños, desmarcándose de las fracasadas políticas migratorias de externalización y control de fronteras, que además de ser contrarias a los derechos humanos, provocan más muertes y sufrimiento en las rutas migratorias. También es necesario que la participación de la sociedad sea incorporada de manera efectiva en el proceso para que el respeto de los derechos humanos esté en el centro atendiendo a las necesidades e intereses de las personas migrantes que podrían participar de manera directa en el deseable proceso de consultas", declaran.
Para que este compromiso se haga realidad, recuerdan que España debe mantener las garantías y los máximos estándares de protección previstos en el ordenamiento jurídico español, así como asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Con este objetivo, el Plan de Implementación del Pacto en España debe contemplar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad, además de garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, el análisis individualizado de las solicitudes, la adecuada atención sanitaria por equipos especializados, el derecho a intérprete y la tramitación de las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, entre otras propuestas.
También es fundamental garantizar que se sigan manteniendo los estándares de protección para personas en situación de vulnerabilidad que propicia el sistema de Atención Humanitaria. En el caso de la infancia es esencial que, entre otras, se garantice la unidad familiar y se respeten las presunciones de minoría para todos los niños, niñas y adolescentes que accedan al territorio. Asimismo, señalan la importancia de crear un mecanismo independiente de supervisión de derechos humanos en la gestión fronteriza, tal como establece el Pacto, con la participación de la sociedad civil.
Finalmente, destacan que es necesario contar con un sistema preparado, dimensionado y con un enfoque estructural para atender a las emergencias de manera adecuada y evitar derogaciones y excepciones de las normas de asilo, tal y como recoge el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, que puede impedir en la práctica el acceso a la protección a las personas solicitantes de asilo y refugiadas.
