Un nuevo informe de Oxfam Intermón publicado hoy revela que las principales empresas españolas contribuyen a la persistente desigualdad económica en el país. En los últimos 20 años, el 10% más rico ha concentrado casi un tercio de las rentas generadas, mientras que la mitad más pobre recibe apenas una quinta parte. La desigualdad en la riqueza es aún más marcada y ha aumentado drásticamente: en 2002, el 1% más rico poseía el 14% de la riqueza neta frente al 13% de la mitad más pobre; para 2022, esa proporción subió al 19% para el 1% más rico, mientras que la riqueza de la mitad más pobre cayó al 7%.
La actividad económica bajo el modelo productivo actual no sólo no consigue reducir los altos niveles de desigualdad existentes, sino que más bien parece contribuir a que la desigualdad aumente y se cronifique. Así, tanto el Producto Interior Bruto como los excedentes empresariales de 2023 triplican a las cifras de 1995 sin que la estructura de desigualdad se haya modificado.
El informe La Huella en las Desigualdades examina cómo 40 grandes corporaciones españolas (están incluidas 29 de las 35 empresas del IBEX 35, y otras 11 compañías que cotizan en bolsa) impactan en la desigualdad social y económica en cinco dimensiones clave: personas, poder, beneficios, planeta y producto. El total de empresas de la muestra obtuvo unos ingresos conjuntos equivalentes al 44% del PIB de España y emplean de forma directa a casi 1,7 millones de personas en varios países del mundo. Entre 2020 y 2023, el conjunto de las 40 empresas obtuvo 197.092 millones de euros en beneficios, cantidad con la que se podrían pagar todas las prestaciones sociales que abona el Estado en un año, incluidas las pensiones. Sin embargo, los incrementos sostenidos de beneficios que experimentan están lejos de beneficiar por igual a todas las personas que contribuyen a generarlos.
El 58% de las empresas analizadas no publica ningún compromiso con el pago de salarios dignos a las personas que trabajan en ellas, una cifra que sube hasta el 85% cuando dicho compromiso se refiere a las personas que trabajan en su cadena de valor. En el 60% de las empresas de la muestra, el máximo ejecutivo gana más de 2 millones de euros, y en el 35% de los casos el sueldo medio de los miembros del comité de dirección es superior al millón. Todo ello nos deja una desigualdad salarial que se cifra en un promedio de 118 veces entre lo que gana el primer ejecutivo de algunas de estas empresas y el sueldo medio de su plantilla. Dicho de otro modo: en el 58% de las empresas analizadas la distancia entre el sueldo más alto y el medio es superior a 50 veces.
En lo que respecta al reparto de beneficios, casi la mitad de los obtenidos por el conjunto de empresas analizadas se destinan a dividendos, con cuatro empresas (Endesa, Fluidra, Sacyr Vallehermoso y Telefónica) que no sólo destinan íntegramente sus resultados a retribuir a sus accionistas, sino que incluso recurren a fondos propios. Durante 2023, el conjunto de empresas analizadas pagó un total de 29.000 millones de euros a sus accionistas, cifra equivalente a más de la mitad del gasto público destinado a educación en España.
“Las empresas son elementos clave de nuestras economías y la generación del valor empresarial que se da en su seno supone uno de los principales mecanismos de generación de renta y riqueza. Pero es justo en el interior de las empresas donde comienza la desigualdad, con un reparto poco equitativo de los beneficios, y donde no garantizan condiciones laborales y salariales dignas para todas las personas que trabajan para ellas. Sus prácticas priorizan que gran parte de esa riqueza revierta en personas pertenecientes a las capas privilegiadas de la sociedad, como directivos y accionistas, frente a otros actores de estratos menos favorecidos involucrados en la actividad empresarial, como sus plantillas o empresas proveedoras”, afirma Miguel Alba, autor del informe y responsable de Sector Privado y Desigualdad de Oxfam Intermón.
Además, en lo que respecta a los procedimientos de las empresas para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, el esfuerzo en general se centra en suscribir un compromiso formal y facilitar mecanismos de remediación cuando se dé una vulneración, pero no en evitar que ésta ocurra, lo que denota una manifiesta falta de cuidado hacia los colectivos potencialmente más vulnerables.
Por último, el análisis del esfuerzo ambiental de las empresas, que también es relevante dada la naturaleza desigual tanto de los impactos como de las responsabilidades del cambio climático, arroja que tan sólo la quinta parte de las empresas analizadas están reduciendo sus emisiones de CO2 en los tres alcances: las directas, la procedentes de sus fuentes de energía y las de su cadena de valor. La conclusión es que el compromiso de las grandes empresas con la descarbonización resulta claramente insuficiente para tratar de enfrentar la emergencia climática. Al ritmo actual de disminución de sus emisiones directas, las empresas no culminarían la descarbonización de su actividad hasta el 2064, dentro de 40 años.
Recomendaciones
“Para poder avanzar en sociedades más justas, atender la emergencia climática y poner freno a las desigualdades, resulta imprescindible dejar atrás un modelo empresarial obsesionado por maximizar la rentabilidad en el corto plazo para contentar a los mercados, dejando de lado los impactos sociales y ambientales de su actividad, así como el bienestar de las personas. Las grandes empresas también son responsables y necesitan tomar medidas de manera urgente”, señala Alba.
Además, para conseguir un nuevo paradigma empresarial, la organización propone serie de recomendaciones a las empresas españolas y al Gobierno para reducir las desigualdades: Entre otras medidas, señalan la necesidad de iniciar una reforma hacia una gobernanza empresarial más inclusiva que priorice la sostenibilidad, la equidad y la participación activa de las personas trabajadoras en la toma de decisiones, el reparto de los beneficios y los órganos de dirección. Igualmente, se proponen medidas en el ámbito laboral para reducir tanto las desigualdades salariales como la brecha de género, la flexibilización de horarios y la reducción progresiva de jornadas, junto a políticas laborales que integren una perspectiva de cuidados.
Otra de las propuestas fundamentales del informe se centra en combatir el fraude fiscal mediante controles sobre empresas que operan en guaridas fiscales, y fomentar la transparencia financiera. Además, la grandes corporaciones e inversores deben tomar en serio sus compromisos para reducir emisiones de carbono y garantizar el respeto a los derechos humanos y ambientales a lo largo de toda su cadena de valor introduciendo protocolos de debida diligencia.
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