Hoy se lleva al Congreso la tramitación de los impuestos extraordinarios al sector financiero y las energéticas en España. Mientras la propuesta europea se acaba concretando y se materializa, el proceso legislativo no debe retrasarse ni un minuto en España. “Estos beneficios caídos del cielo son el resultado de unas circunstancias excepcionales que disparan los ingresos y que nada tienen que ver con los esfuerzos de innovación o mejoras en la gestión que hacen que una compañía sea más eficiente” señala Iñigo Macías. responsable de Investigaciones de Oxfam Intermón.
Mientras los hogares y las pequeñas y medianas empresas sufren el impacto de la subida de precios derivada del conflicto en Ucrania y los efectos de la pandemia, viéndose obligadas a reducir su consumo o ralentizando su actividad, las grandes compañías energéticas han multiplicado sus beneficios a costa de los bolsillos de la población. “Esto ya lo hemos vivido durante los meses más duros de pandemia: mientras se paralizaba toda la actividad económica y se ponían en marcha ambiciosos planes de contingencia, a cargo de fondos públicos, las empresas farmacéuticas y tecnológicas veían crecer sus beneficios hasta niveles nunca antes vistos” señala Macías.
Es urgente aportar soluciones más sólidas, sostenibles y justas a la inflación, que contribuyan a contener o mitigar sus efectos. El impacto que está teniendo en nuestras sociedades es profundamente desigual: en España, por ejemplo, la subida de precios de la energía y otros productos y servicios básicos golpea un 30% más a los hogares más pobres que a los más ricos como ya publicó la organización en el informe La desigualdad no se va de vacaciones (julio 2022). En este momento, la solidaridad en el reparto de las cargas es más necesaria que nunca.
La organización calcula que la actual propuesta del impuesto a los beneficios extraordinarios a la banca en España apenas supondría entre el 2% y 3% de la suma de los recursos públicos que se destinaron para su rescate tras la anterior crisis y de los créditos fiscales que tiene a su favor frente al fisco. En lo que se refiere al sector energético, aunque su aportación con este impuesto sería significativa, tan sólo el año pasado, los beneficios conjuntos de las seis principales empresas del sector energético y de hidrocarburos triplicaron el promedio de los cinco años anteriores.
Más allá de la aplicación en estos dos sectores de actividad, Oxfam Intermón insta a las instituciones españolas a ampliar el ámbito de aplicación de este tipo de impuestos sobre los beneficios extraordinarios, considerando todos los sectores de actividad, ya que sólo se aplicarían sobre los beneficios inesperados como resultado de circunstancias ajenas, y considerar la introducción de este tipo de impuestos de forma permanente, para que actúe como un amortiguador automático que se activaría en crisis futuras o situaciones inesperadas, con un fuerte impacto distributivo en la sociedad.
“El camino iniciado por la Comisión no debe ralentizar el proceso en España. Al contrario: constata la necesidad de poner coto inmediato a las ganancias de aquellas compañías que se están lucrando a costa del conflicto y del esfuerzo de millones de familias y empresas”, dice Macías. Los grupos políticos en el Congreso tienen la responsabilidad de consensuar, mejorar y aprobar cuanto antes estas nuevas figuras impositivas: un paso más en el camino para reducir la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad.
Ya en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estos impuestos fueron una herramienta imprescindible para generar los ingresos necesarios para reconstruir los países tras la contienda. La pandemia y la crisis de precios derivada del conflicto de Ucrania han hecho reaccionar, por fin, a la Unión Europea.
