El Ingreso Mínimo Vital solo está llegando al 16% de los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Así lo afirma un informe publicado hoy por la ONG Oxfam Intermón y el centro de pensamiento Future Policy Lab, según el cual esta prestación podría reducir la tasa de pobreza severa en más de cinco puntos para toda España, pero está llegando solo a los dos puntos de reducción.
El estudio, titulado “La garantía de ingresos como derecho de ciudadanía. El impacto del Ingreso Mínimo Vital y su articulación con las Rentas Mínimas autonómicas: una estimación”, se basa en una simulación a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. En un contexto de desigualdad y pobreza cronificadas por sucesivas crisis, el Ingreso Mínimo Vital –aprobado en junio de 2020– se planteó como pilar fundamental para avanzar en la lucha contra estos problemas, pero no está logrando todo el potencial que debería. Hasta febrero de 2023, referencia del estudio, se habían aprobado 578.000 solicitudes, lo que implica 1,63 millones de personas beneficiarias en términos acumulados. Un 84% de los hogares con derecho a la prestación según la normativa vigente quedaría, según estos datos, fuera de su alcance.
Según el estudio –elaborado por los sociólogos José Antonio Noguera, Ález G. de la Prada y Emma Álvarez Cronin–, esto se debe a problemas de dos tipos. Por un lado, algunos requisitos y condiciones de acceso de la prestación impiden una cobertura más amplia, por dejar fuera a determinados colectivos. Por otro, problemas como el desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (brecha digital, burocracia…) o el estigma social asociado a ser beneficiario de este tipo de prestaciones hacen que algunas personas no lleguen a solicitarla.
A través de un análisis comparativo de tres comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña y Madrid), el estudio muestra que una estrategia adecuada de combinación de esta prestación con otras rentas mínimas de aplicación autonómica puede mejorar sustancialmente su alcance, como ocurre en el País Vasco. En sentido opuesto, en comunidades como la de Madrid se está produciendo una sustitución prácticamente completa de la renta mínima por el Ingreso Mínimo Vital, sin que esos recursos se reorienten a otras prestaciones similares. En un punto intermedio, en Cataluña las dos prestaciones se complementan y alcanzan así a más personas.
Como conclusión del análisis, Oxfam Intermón y Future Policy Lab plantean una serie de propuestas destinadas a aumentar el alcance de la prestación. Entre ellas destacan ideas como incluir a todas las personas de entre 18 y 23 años como potenciales titulares de la prestación o garantizar que las menores de 30 años pueden acceder al IMV con los mismos requisitos de acceso que el resto de población adulta. Además, el informe plantea modificar el período de cómputo de los ingresos, flexibilizar los requisitos de patrimonio, aumentar cuantías y umbrales, generalizar los incentivos al empleo, y ampliar y homogeneizar la cuantía del complemento a la infancia en todos los tramos de edad, así como medidas relativas a la simplificación de procedimientos y requisitos y a la integración con la fiscalidad.
Oxfam Intermón es una ONG presente en más de 80 países que lucha contra la desigualdad para acabar con la pobreza y la injusticia. Sus informes sobre fiscalidad y desigualdad son referentes a nivel internacional. Future Policy Lab es un think tank interdisciplinar cuyo objetivo es ejercer de puente entre la política, la academia y la sociedad civil para fomentar políticas públicas que combatan la desigualdad y la crisis climática.
