España es la cuarta economía de la UE, pero las tasas de pobreza y desigualdad son de las mayores de nuestro entorno. Oxfam Intermón lanza una propuesta de renta garantizada (RG) que permitiría, con 6.400 millones de euros al año (el 0,55% del PIB), sacar a cuatro millones de personas de la pobreza severa.
En su informe “La hora de rescatar a las personas”, Oxfam Intermón propone una serie de ajustes fiscales en los impuestos sobre el patrimonio y sobre la renta de las personas físicas y de sociedades con el objetivo de recaudar más de los que más tienen, garantizar más recursos y aumentar su progresividad. Estos ajustes, que muchas veces se limitan a cumplir con lo establecido en la ley, permitirían aumentar los ingresos públicos en casi 8.000 millones de euros anuales.
“La pobreza severa afecta al 9,18% de la población española actualmente. Con nuestra propuesta se reduciría al 0,67%, casi cuatro millones de personas saldrían de la pobreza severa”, dice Liliana Marcos, coautora del informe.
Oxfam Intermón propone que el importe de esa renta garantizada se calcule y actualice al margen de criterios políticos y usando el salario medio como referencia. “Proponemos una prestación por hogar equivalente al 30% del salario medio (unos 590 euros) a lo que se añadirían complementos familiares”, explica Marcos. “Queremos dejar a un lado indicadores como el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) o el salario mínimo, vinculados a la voluntad política. El IPREM, por ejemplo, lleva prácticamente una década congelado”
La presión tributaria en España está 4 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. “La pobreza y la desigualdad son decisiones políticas”, denuncia Marcos. En 21 de los 27 países de la Unión Europea las ayudas públicas reducen la pobreza en mayor proporción que en España. Nuestro país es en estos momentos el sexto país más desigual de la Unión Europea.
Oxfam Intermón denuncia que el sistema social en España está infradotado (ocupa el puesto 13 en transferencias públicas a pesar de ser la cuarta economía de la UE) y además tiene un carácter eminentemente contributivo, es decir, ligado al mercado laboral (pensiones, subsidio de desempleo), lo que deja desprotegidos a jóvenes o a mujeres en situación de precariedad que no han podido integrarse en ese mercado. “En definitiva”, dice Marcos, “es un sistema de protección social regresivo: hoy en día, por cara euro en transferencias que reciben las familias de los hogares más pobres, los hogares más ricos reciben tres”.
En su informe, la organización también propone un rediseño del sistema de garantía de ingresos para lograr que sea realmente eficaz en la lucha contra la pobreza. Ahora mismo, ese sistema deja a decenas de miles de hogares sin protección alguna o con ayudas insignificantes. “Por no hablar de la heterogeneidad de las ayudas dependiendo de las autonomías en las que se resida”, explica Marcos. “Por ejemplo, un hogar formado por una mujer y un niño recibiría al mes más de 900 euros en el País Vasco y apenas 512 en Madrid. Así mismo, algunos territorios (comunidades o ayuntamientos) llegan a todos los hogares en situación de necesidad, mientras que Madrid sólo alcanza al 43%, Andalucía a poco más del 20% y apenas al 10% en Castilla La Mancha”. Por esta razón y para garantizar unos ingresos mínimos en todo el territorio, Oxfam Intermón aboga por una renta estatal que las comunidades autónomas podrían complementar.
De dónde sale el dinero
Desde Oxfam Intermón se afirma que acabar con la pobreza severa es posible recaudando más ingresos de quienes más ingresan y más tienen. Como punto de partida, el informe subraya que en España la gran mayoría de la recaudación proviene del IRPF y del IVA, es decir, del trabajo y del consumo. “En estos momentos”, explica Íñigo Macías, coautor del informe, “el 83% del total recaudado sigue recayendo sobre las familias (trabajo y consumo) frente a una aportación de sólo el 12% del impuesto de sociedades”. Es necesario recaudar más de la riqueza, el capital y las grandes empresas.
Los cambios propuestos por Oxfam Intermón supondrían recaudar 8.000 millones de euros adicionales. La mitad de este aumento (un 51%) se originaría en el impuesto de sociedades, mientras que los cambios en el impuesto al patrimonio aportarían el 35% y el 15% restante saldría del IRPF, de gravar las rentas del capital.
En lo que se refiere al Impuesto de Sociedades (el que grava los beneficios empresariales), Macías explica que las exenciones por doble tributación “esconden cifras escandalosas”. En promedio, el tipo efectivo de las multinacionales españolas más grandes en el exterior fue del 12,6%, más de 12 puntos por debajo del tipo fijado por ley. 27 de esas multinacionales, con beneficios superiores a los 25.000 millones, sólo pagaron 65 millones en impuestos, lo que equivale a un tipo efectivo del 0,3%, es decir, casi nulo. Otras 16 multinacionales, con beneficios de casi 20.000 millones, apenas pagaron un 5,8%. “Este y otros ajustes relacionados supondrían ingresos adicionales de más de 4.000 millones de euros en las arcas del estado”, dice Macías, “y ayudaría a cumplir con la progresividad impositiva definida en la Constitución, pues son los más ricos los que más se benefician de este tipo de rentas”.
La corrección de anomalías en el impuesto sobre el patrimonio podría suponer, por su parte, unos 2.200 millones de euros adicionales de recaudación. Se trata de un impuesto cedido a las autonomías, que en 2017 concedieron bonificaciones que superaron los 1.000 millones de euros. Estas bonificaciones hacen que se recaude prácticamente la mitad de lo que se debería recaudar.
En su informe, Oxfam Intermón analiza otros factores del impuesto sobre el patrimonio que habría que revisar: la elusión, la evasión a través de paraísos fiscales o exenciones, y las diferencias entre el precio de mercado y el que establece la normativa como valor a declarar.
Por último, también el IRPF requiere ajustes. La corrección de problemas como la baja progresividad o el trato preferente de las rentas del capital frente a las del trabajo que pagan un tipo mayor, permitiría recaudar otros 1.130 millones de euros.
“Con todo ello”, concluye Íñigo Macías, “se obtendrían 8.460 millones de euros adicionales cada año, y eso pagaría la propuesta de renta garantizada y daría una mayor igualdad de oportunidades a niños y niñas que en estos momentos están creciendo en situación de pobreza. Se puede y se debe hacer”.
