La ONG Oxfam Intermón señala que la aprobación del IMV hace ahora un año fue un gran avance para el sistema de bienestar de nuestro país, pero considera que, con mejor diseño y mayor inversión, el IMV podría cubrir a toda la población que actualmente vive en situación de pobreza severa, es decir, unos cinco millones de personas.
La organización señala en un informe sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que los fallos en su diseño e implementación lo convierten en una herramienta con limitado impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad en nuestro país.
Oxfam Intermón estima que 1,56 millones de personas que viven en situación de pobreza severa no pueden acceder al IMV por no cumplir con los requisitos establecidos para poder optar a él.
“Es necesario que ninguna familia en situación de necesidad se quede sin protección, y en estos momentos hay en España 597.000 hogares sin ningún tipo de ingreso”, dice Liliana Marcos, responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón.
La previsión de gasto en IMV para este año es de unos 1.500 millones de euros, cinco veces menos de lo que la organización calcula que sería necesario para acabar con la pobreza severa dado el impacto de la COVID-19. “El gasto previsto para el IMV es muy inferior a las necesidades de los hogares en un contexto en el que la pobreza severa ha aumentado significativamente”, explica Liliana Marcos.
La ONG estima que hay margen para subir los umbrales de acceso, gastar más y llegar a más hogares vulnerables, porque España invierte en protección social hasta 23.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea. Para superar esa brecha, Oxfam Intermón pide superar otra: la brecha fiscal que separa a España 5,7 puntos de la media europea en recaudación, y que impide no sólo reducir la pobreza, sino la desigualdad (España es el quinto país más desigual de la Unión Europea).
Uno de los aspectos del diseño actual que, según Oxfam Intermón, habría que modificar, es el uso del nivel de renta del año anterior como referencia. “La pandemia dejó sin medios de vida a miles de personas de la noche a la mañana”, explica Liliana Marcos. “Usar los datos fiscales para determinar el acceso o no al IMV hace que esta prestación sea inútil cuando llegan crisis como ésta. Para muchas familias, la pobreza no avisa”.
El papel de las comunidades autónomas
Oxfam Intermón defiende que el Estado central llegue a todas las personas en pobreza severa y que las rentas mínimas de inserción otorgadas por las Comunidades Autónomas complementen al IMV en servicios y prestaciones en función de las necesidades de las familias en los distintos territorios. “Estar más o menos protegido de la pobreza no puede ser una lotería que dependa de la comunidad en la que se esté”, alerta Marcos.
El 42% de las personas en situación de pobreza severa en Andalucía, el 37% en Valencia o el 30% en Cataluña están excluidas tanto de las rentas mínimas como del IMV.
Las comunidades autónomas dedicaron en 2019 algo más de 1.600 millones de euros a las rentas mínimas autonómicas. “Lo que pedimos es que no reduzcan su inversión, sobre todo antes de que se logre desplegar el IMV plenamente. Si no, en la práctica, se sustituirá una prestación por otra, no se estarán poniendo más recursos para apoyar a las familias que lo necesitan y no lograremos reducir la pobreza”, concluye Liliana Marcos.
