La agricultura industrial europea provoca la explotación sistemática y generalizada de trabajadoras y trabajadores migrantes, según un nuevo informe publicado hoy por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón titulado “Esenciales pero invisibles y explotados”.
2,4 millones de personas migrantes trabajan cosechando frutas y verduras en Europa. Según las últimas estadísticas, son una de cada cuatro personas empleadas en el sector, pero en realidad podrían ser muchos más. El informe subraya una violación sistémica de los derechos de los trabajadores migrantes según la legislación laboral y de derechos humanos de la Unión Europea en los nueve países estudiados.
“Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea”, afirma Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe. “Las personas migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales”.
En los nueve países examinados, siendo Finlandia la excepción, las personas migrantes habitualmente reciben salarios inferiores al salario mínimo y las mujeres suelen recibir salarios más bajos. La investigación refleja, además, una crónica desigualdad de género: por ejemplo, en la región española de Huelva, la mitad de las mujeres participantes en las investigaciones analizadas afirmaron ganar menos que sus homólogos masculinos, mientras que, en Italia, las trabajadoras inmigrantes afirman ganar hasta un 30% menos que los hombres.
“Pese al rol estructural que cumplen los migrantes en el sostenimiento de la producción agroalimentaria europea, y que llevó tanto a los Estados como a la propia UE a declararles como trabajadores esenciales durante la pandemia, son un colectivo sometido sistemáticamente a lógicas de explotación” afirma Yoan Molinero Gerbeau, investigador senior del IUEM-Comillas y coautor del informe.
El informe concluye que los casos de abuso, incluido el abuso sexual, las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunes en el sector agroalimentario europeo. Los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular enfrentan un mayor riesgo de explotación debido a su situación laboral precaria. El caso más extremo registrado es el de jornaleros tailandeses que trabajan en Suecia entre 12 y 19 horas seis días a la semana.
El informe menciona otros factores que agravan la precariedad laboral, como los abusos de intermediarios, el trabajo a destajo -que lleva a la auto explotación o las imposiciones de mayoristas o supermercados, especialmente los pedidos de última hora.
El alojamiento suele ser precario, superpoblado, caro y estar aislado de los núcleos poblacionales. Algunas trabajadoras han denunciado casos de chantaje sexual por parte de los supervisores de alojamiento. Hay trabajadores y trabajadoras que viven en asentamientos marginales improvisados que carecen de agua corriente, electricidad, calefacción y recogida de residuos y donde existe riesgo de enfermedades e incendios, ya sean accidentales o provocados. Algunos trabajadores también se encuentran sin hogar. En general, el aislamiento al que son sometidos dificulta que las personas trabajadoras conozcan la lengua o la sociedad locales, lo que implica mayor vulnerabilidad frente al control ejercido por parte de los empleadores.
“La extrema precariedad de los alojamientos en los que estos trabajadores y trabajadoras residen revela la desidia por parte de empresarios y poderes públicos de hacerse cargo de las condiciones de vida de un colectivo invisibilizado” asegura Yoan Molinero Gerbeau.
Los accidentes y lesiones son frecuentes debido a que los empleadores habitualmente no brindan la formación y el equipo de protección adecuados, especialmente en España e Italia. Caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y heridas por uso inadecuado de la maquinaria son algunos de los ejemplos. Hay casos documentados de trabajadores envenenados por el uso de productos fitosanitarios. Sin duda, el caso más extremo se produjo en Murcia, donde un hombre murió después de no recibir agua durante un día completo de trabajo en el que el calor alcanzó los 44 grados.
"Las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola enfrentan numerosos desafíos para acceder a los servicios de salud, desde la falta de información sobre sus derechos hasta barreras administrativas y lingüísticas. Muchos no pueden registrarse en los sistemas de salud debido a la falta de una dirección fija, y aquellos empleados temporalmente a menudo están excluidos de la cobertura sanitaria" afirma Carlos Ruiz, de Oxfam Intermón.
La UE acaba precisamente de aprobar la directiva de Debida Diligencia que obliga a las empresas a respetar los derechos de personas y medio ambiente en toda la cadena de valor. Estas reglas facilitarán el acceso a la justicia y la compensación a los sobrevivientes, así como la obligación de la agroindustria y los minoristas de prevenir y asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos.
“Los líderes europeos ya no pueden ignorar la explotación que acecha en la industria agrícola y que se cuela en el carrito de compras de todos los europeos. Pero hay esperanza con la nueva legislación de la UE sobre cadenas de suministro: podría poner fin a la explotación, si los países europeos la transponen e implementan correctamente”, concluye Carlos Ruiz.
Oxfam Intermón e investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas también piden fomentar la presencia de las personas migrantes en las estructuras sindicales, garantizar que las personas migrantes reciban formación en un idioma que comprendan y dispongan del equipo que necesitan y que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) tengan en cuenta el respeto de normas laborales y sociales por parte de sus receptores.
