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14/12/2023

Las nuevas normas empresariales de la UE protegen a los financiadores de combustibles fósiles  y a sectores que favorecen la explotación laboral

  • Un hito importante, pero aún insuficiente, para que las grandes empresas tengan que actuar de forma responsable hacia las personas y el plantea. Pero no es suficiente
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Es necesaria una ley que proteja los derechos humanos y el planeta de malas prácticas empresariales

Hoy, la UE ha llegado a un acuerdo importante para tener una norma europea que responsabilice a las empresas por el daño que causan a las personas y al planeta: la Directiva de Debida Diligencia Corporativa (CSDDD en sus siglas en inglés).

 

Oxfam Intermón considera que este acuerdo marca un hito importante para que las grandes empresas tengan que actuar de forma responsable hacia las personas y el plantea. Pero no es suficiente, ya que algunos lobbies empresariales y un grupo de países de la UE liderados por Francia y Alemania han excluido algunos puntos importantes.

 

En primer lugar, la ley dejará al 99% de las empresas libres de responsabilidad, ignorando a muchas empresas en sectores que favorecen la explotación laboral. En segundo lugar, Francia ha protegido a los bancos e inversores para que puedan seguir financiando constantes violaciones de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente. En tercer lugar, Alemania ha dificultado el acceso a la justicia para las personas y comunidades afectadas por los abusos de las empresas".

 

“Desde Oxfam Intermón seguiremos luchando para para que estas obligaciones se reflejen cuanto antes en la normativa española y que las empresas españolas sean responsables de sus impactos. Esta regulación es vital para las relaciones entre España y América Latina, teniendo en cuenta que las mayores empresas españolas obtienen el 23,3% de sus ingresos exteriores de Latinoamérica y que casi la mitad (47%) de sus plantillas fuera de España están en países latinoamericanos señala María Bardolet, responsable de Sector Privado y Derechos Humanos de Oxfam Intermón.

 

"Este acuerdo es fundamental para reforzar la obligatoriedad de las empresas en torno a los impactos negativos que su actividad genera a lo largo de su cadena de valor porque la realidad nos demuestra que la voluntariedad no es suficiente: desde la catástrofe del Rana Plaza en Bangladesh, en la que murieron 1134 trabajadoras textiles en condiciones deplorables y más de 2000 resultaron heridas, han seguido ocurriendo múltiples desastres humanos y ambientales en grandes proyectos mineros y energéticos en diferentes zonas del planeta” concluye Bardolet.

Notas para la edición: 

María Bardolet está disponible para entrevistas

Oxfam Intermón pide que las normas de diligencia debida de la UE:

 

  • Apliquen a todas las empresas. La ley sólo cubre a las grandes empresas. Para las empresas de la UE, sólo aquellas con más de 500 empleados y más de 150 millones de euros de facturación. El alcance sólo se extiende a empresas con 250 empleados y 40 millones de euros de facturación de un conjunto restringido de sectores de alto riesgo, incluidos el textil, la agricultura, la minería y la construcción.
  • Aplicaquen a toda la cadena de valor. Esto significa que debe cubrir a todas las personas afectadas por el negocio de la empresa, incluidas aquellas que utilizan sus productos y servicios. El acuerdo alcanzado hoy cubre a los proveedores (upstream). Los clientes solo están cubiertos de forma muy limitada, ya que no incluye la venta o el uso de productos y servicios.
  • Incluyendo el sector financiero. Los bancos y los inversores que financian la destrucción del medio ambiente y las violaciones de los derechos humanos no deben quedar libres de culpa. Como resultado de la presión de Francia, el acuerdo no responsabiliza a los actores financieros por los impactos de sus inversiones en los derechos humanos y el clima. Sin embargo, los grandes bancos e inversores tendrán que adoptar un plan de transición climática.
  • Obligando a las empresas a adoptar e implementar un plan de transición climática en línea con el Acuerdo de París y vincular la remuneración de los directores de las empresas a su implementación. La nueva ley obliga a las empresas a elaborar un plan de transición climática y “hacer todos los esfuerzos posibles” para implementarlo sin tener que rendir cuentas si no lo hacen. Las empresas muy grandes (con más de 1.000 empleados) deberán introducir incentivos económicos a su dirección para favorecer la aplicación del plan.
  • Eliminando los obstáculos para que los supervivientes de abusos empresariales accedan a la justicia, dar a los sindicatos y organizaciones la posibilidad de presentar demandas ante los tribunales y responsabilizar a las empresas de demostrar que respetaron sus obligaciones de diligencia debida. El acuerdo prevé la posibilidad de que los supervivientes responsabilicen a las empresas si no cumplen con sus obligaciones de diligencia debida, pero la presión de Alemania añadió obstáculos a sus reclamaciones. Los sindicatos y otras organizaciones que trabajan en pro del interés público podrán acudir a los tribunales en nombre de los supervivientes, pero la carga de la prueba seguirá recayendo en los supervivientes.
  • Haciendo que las empresas rindan cuentas por todas las formas de trabajo infantil en sus cadenas de suministro. El acuerdo deja la puerta abierta a excepciones para niños de hasta 12 años.
  • Exigir a las empresas que garanticen que los trabajadores de sus cadenas de suministro ganen un salario digno o un ingreso digno. El acuerdo alcanzado hoy requiere que las empresas adapten sus planes de negocios, estrategias, operaciones y prácticas de compras para abordar el riesgo de que los trabajadores en su cadena de suministro no reciban un salario digno o un ingreso digno.

 

JESSICA ROMERO

Periodista - Departamento de Comunicación