Oxfam Intermón considera que la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital para las familias en situación de mayor vulnerabilidad es un avance trascendental en la lucha contra la desigualdad en España. Nuestro país es hasta ahora el único de la Unión Europea que carece de una renta estatal para hogares empobrecidos como la que el actual Gobierno se ha comprometido a poner en marcha.
La ONG, dedicada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, recuerda que, en estos momentos, España es el sexto país más desigual de la Unión Europea, y que esto es consecuencia, entre otras cosas, de las políticas públicas practicadas hasta ahora. “En 21 de los 27 países de la UE las ayudas públicas contribuyen a reducir la pobreza en mayor proporción que en España”, apunta Liliana Marcos, experta en políticas públicas y desigualdad de la organización. “Estamos ante un ejercicio trascendental de justicia social que puede por fin doblegar la curva de la desigualdad en España”.
No obstante, la organización calcula que para acabar con la pobreza severa en España serían necesarios unos 6.000 millones adicionales y el Gobierno apunta a la puesta en marcha de una prestación con un presupuesto mucho menor. “Nos preocupa que eso signifique que el umbral de acceso sea demasiado bajo, generando agravios comparativos entre familias que viven situaciones de vulnerabilidad extrema muy similares y que se quedarían sin prestación por unos pocos euros de diferencia”, apunta Marcos. La organización reclama que el objetivo del Ingreso Mínimo Vital sea acabar con la pobreza severa entendida como todos los hogares que viven por debajo del 40% de la mediana de ingresos.
La otra preocupación de la ONG es que el decreto discrimine por su situación administrativa a las familias con grandes necesidades. La vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular debe de ser tenida en cuenta, especialmente la de hogares con niños y niñas o la de personas que tienen su solicitud de refugio admitida a trámite.
“Junto a cientos de colectivos y organizaciones estamos reclamando una regularización extraordinaria de personas migrantes y el cambio de la actual Ley de Extranjería”, explica Marcos, “pero mientras esto ocurre, debemos al menos garantizar que hogares con menores, solicitantes de asilo o víctimas de trata puedan percibir ese Ingreso Mínimo Vital”.
Oxfam Intermón lleva defendiendo el establecimiento de una renta garantizada o ingreso mínimo vital desde la salida de la pasada crisis y espera que la renta que finalmente se apruebe haga las veces de “suelo estatal” que homogeneice criterios y derechos en todo el Estado, y sobre el que las comunidades autónomas puedan complementar cubriendo a más colectivos o con más fondos. Igualmente, espera que se cumplan otras características, como que la prestación se conceda sin límite de tiempo, que sea complementaria a ingresos laborales hasta cierto umbral, que su tramitación sea lo más sencilla posible para las familias y que no esté condicionada a participar de forma obligatoria en programas de inclusión laboral.
“Para colectivos que nosotros apoyamos y con los que trabajamos en España como son las trabajadoras del hogar, es fundamental que la renta se diseñe como un estímulo al empleo”, apunta Marcos. Esto quiere decir que cuando las familias puedan incrementar sus ingresos laborales no vean reducir la prestación en la misma cantidad o, de lo contrario, sus esfuerzos se verían anulados y la renta neta del hogar sería la misma trabajaran o no trabajaran más.
Un informe de febrero de la organización calcula que con 6.000 millones de euros, una décima parte de lo que costó rescatar a los bancos, se puede acabar prácticamente con la pobreza severa en España, que pasaría según sus cálculos de 9,18% a un residual 0,67%.
En cuanto a su financiación, Oxfam Intermón propone una serie de ajustes fiscales que supondrían recaudar 8.000 millones de euros adicionales. La mitad de este aumento (un 51%) se originaría en el impuesto de sociedades, mientras que los cambios en el impuesto al patrimonio aportarían el 35% y el 15% restante saldría del IRPF, de gravar las rentas del capital.
“La presión tributaria en España está 4 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Ahí es donde se ve claramente que la pobreza y la desigualdad son decisiones políticas”, concluye Marcos.
