La lista de paraísos fiscales, o jurisdicciones no cooperativas, que prepara el gobierno no incluye a los territorios que causan las mayores pérdidas fiscales al resto de países, según denuncia Oxfam Intermón, que también cuestiona la falta de claridad sobre los criterios para definir como tal a un territorio. Por todo ello, la organización pide al Ministerio de Hacienda que revise la propuesta y clarifique los criterios por los cuales considera a un territorio paraíso fiscal.
“El listado propuesto resulta pobre, insuficiente y condenado a la ineficiencia, ya que deja fuera a los paraísos fiscales que más pérdidas generan”, explica Miguel Alba, experto en empresas y fiscalidad de la organización. Oxfam Intermón lo considera, además, incoherente con las recientes declaraciones en el Foro Económico de Davos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez arremetiendo contra los paraísos fiscales y las grandes empresas que gracias a ellos pagan cero impuestos.
En concreto, Oxfam Intermón cuestiona que no estén presentes en la lista que el Gobierno ha elaborado los países que son los principales actores de la competencia fiscal desleal por sus prácticas agresivas: fundamentalmente Holanda, Irlanda y Luxemburgo. De hecho, según subraya la organización, la mayoría de los territorios incluidos en el listado propuesto son islas en medio del océano. Actores menores, dice la ONG, aunque sean en efecto paraísos fiscales. “Los principales paraísos fiscales” según Miguel Alba, “son percibidos como países respetables, cuando realmente deberían de ser considerados piratas del siglo XXI”.
La organización, que entiende que uno de los objetivos de la propuesta española es alinearse con el listado de la UE que de forma explícita aboga por no incluir a países miembros, denuncia que en cualquier caso la ausencia de estos países “implica una grave pérdida de eficacia y lastra significativamente la razón de ser de la propuesta”.
Oxfam Intermón pide al Gobierno que tenga en cuenta una serie de criterios que atienden a los principios de equidad fiscal y transparencia, como son niveles bajos o nulos de tributación, la aplicación de regímenes preferenciales, prácticas fiscales agresivas o facilidades para la creación de estructuras societarias sin sustancia económica real destinadas a canalizar artificialmente beneficios.
Teniendo en cuenta estos criterios, el trabajo realizado por instituciones como el FMI o la OCDE y el análisis realizado por la propia Oxfam Intermón, la organización establece que la lista debería contar con un mínimo de 18 territorios: Anguila, Bahamas, Bermudas, Chipre, Guernsey, Holanda, Irlanda, isla de Man, islas Caimán, islas Turcas y Caicos, islas Vírgenes Británicas, Jersey, Luxemburgo, Malta, Mauricio, Panamá, Singapur y Vanuatu. Si la aplicación de los criterios se llevara a cabo de manera estricta, la lista podría ser mucho más extensa y abarcar hasta 70 jurisdicciones o territorios.
El anterior listado de paraísos fiscales recogido en la legislación española data de 1991, aunque se fue actualizando hasta 2003, siempre disminuyendo el número de territorios incluidos. Ahora, el Ministerio de Hacienda prepara un proyecto de Orden para determinar los países y territorios que se consideran jurisdicciones no cooperativas y Oxfam Intermón ha presentado un escrito con sus observaciones sobre ese proyecto.
Oxfam Intermón cuestiona también la excesiva tardanza del Gobierno en elaborar una lista actualizada. “No se ha llevado a cabo”, dice la ONG en ese escrito presentado ante Hacienda, “hasta que ha habido un requerimiento por parte de las autoridades europeas como condición para proceder al tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia solicitado por el Gobierno de España”.
Las últimas estimaciones disponibles, referidas a 2019, reflejan que España tuvo unas pérdidas fiscales en torno a 4.100 millones de euros como resultado del desvío artificial de beneficios empresariales hacia paraísos fiscales, a lo que habría que añadir lo que se pierde por el uso de ese sistema de elusión por parte de las grandes fortunas. Oxfam Intermón lleva años luchando a nivel nacional e internacional para poner fin a lo que la organización denomina “guaridas fiscales”, que cuestan a los gobiernos de todo el mundo 427.000 millones de dólares.
