El Gobierno está poniendo en marcha medidas económicas y sociales en la crisis provocada por el COVID-19 que van en la dirección adecuada, pero según Oxfam Intermón se precisan medidas sociales y económicas más específicamente dirigidas a los colectivos más vulnerables como son las familias sin ingresos, las personas migrantes y las trabajadoras del hogar, así como los trabajadores temporales y los empleados más precarios en general, a quienes no puede olvidarse ni ahora ni durante la recuperación. Es importante repartir el riesgo económico de forma justa entre personas trabajadoras, empresas y Estado.
“Aunque pueda parecer que el virus afecta a todas las personas por igual su impacto es más fuerte en las familias con menor renta”, dice Lara Contreras, responsable de relaciones institucionales e investigaciones de Oxfam Intermón. “La tasa de hacinamiento, la posibilidad de tele trabajar, e incluso las dolencias crónicas influyen en cómo afrontar y superar la enfermedad, y está claro que en este sentido hay diferencias”.
Como detalla la organización en el documento “Aprendamos de nuestros errores” publicado hoy, en los hogares del 10% más pobre de la población la tasa de hacinamiento es 2,3 veces la tasa media. El porcentaje de personas con problemas crónicos de salud es mayor entre los colectivos de menor renta. La prevalencia de bronquitis crónica, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es 2,5 veces superior en personas trabajadoras sin cualificación que en personas de la clase ocupacional más alta.
Desde el punto de vista económico, Oxfam Intermón recuerda que hay 600.000 trabajadoras del hogar en España sin derecho a prestación por desempleo, y que son necesarias medidas para proteger sus empleos y asegurar su cobertura social. “Es lo que llamamos economía de cuidados”, explica Contreras, “que no es otra cosa que poner en el centro de las decisiones económicas a las personas más vulnerables”.
Renta mínima garantizada para los colectivos más vulnerables
Por todo ello, Oxfam Intermón propone medidas complementarias a las ya adoptadas, comenzando por la creación de una renta mínima garantizada que, según un reciente estudio de la organización, supondría una inversión de 6.500 millones de euros anuales. En España hay 535.000 hogares sin ningún tipo de ingresos, pero muchas más personas pueden llegar a esta situación con la crisis actual.
“No podemos repetir los errores de 2008”, dice Lara Contreras. “Pensamos que las medidas del Gobierno son positivas, pero hay que asegurar que no salimos de la crisis generando mayores desigualdades, con precarización laboral y dejando atrás a las personas más vulnerables. Esto tiene que ser un esfuerzo repartido entre todas y todos”.
En este contexto, Oxfam Intermón propone prohibir temporalmente los despidos y que los avales y ayudas del Gobierno a las empresas se supediten a renovar a todas las personas que trabajan con contratos temporales en una actividad estable de dicha empresa. Así mismo, pide al Gobierno que adelante los planes para que las empresas reconozcan como trabajadores a los falsos autónomos, y el reconocimiento inmediato de la prestación por desempleo para las trabajadoras del hogar.
Respecto a las personas solicitantes de asilo y a la población migrante y refugiada, la ONG pide una inclusión total de estos colectivos en los planes nacionales de respuesta, con especial protección a las y los menores no acompañados.
También hay que proteger a las familias más vulnerables exonerándolas del pago de alquiler para viviendas pertenecientes a la banca y socimis mientras dure la crisis y, en el caso de viviendas propiedad de pequeños arrendadores, que el Estado asuma el pago de alquiler. Así mismo, garantizar la equidad educativa para que los niños y las niñas de las familias con menos recursos puedan seguir el proceso educativo.
Medidas para la recuperación
La ONG también pide que las medidas que se adopten para fomentar la recuperación económica pasada la crisis sanitaria no supongan un incremento de la desigualdad. “La salida de la crisis del Covid-19 deberían pagarla quienes más tienen para rescatar a quienes menos tienen”, afirma Contreras.
En este sentido, el necesario incremento del gasto público debe financiarse mediante el aumento de impuestos al capital y la riqueza. El compromiso de no dejar a nadie atrás requerirá blindar la progresividad fiscal, para lo cual Oxfam Intermón propone las siguientes medidas:
- Acelerar una reforma del impuesto de sociedades que permita acercar el tipo efectivo de las grandes empresas al nominal. Aquellas empresas que, por la crisis del coronavirus den pérdidas o tengan escasos beneficios no se verán afectadas.
- Recuperar la idea de un impuesto a la banca.
- Acelerar la tramitación de la ley antifraude, que ataje, entre otras cosas, la utilización de paraísos fiscales
- Aprobar un Impuesto a las Transacciones Financieras
Si una lección nos deja esta crisis”, afirma Contreras, “es el papel esencial que juega el sector público, y la importancia de que cuente con suficiente músculo financiero. Además, España debe impulsar una respuesta solidaria y de rescate social a nivel europeo, y no repetir recetas de austeridad que sólo ahondan las heridas sociales, y eso incluye flexibilizar las políticas de déficit, como ya ha propuesto la Comisión Europea, así como implementar medidas que mutualicen la deuda y eviten sobrecargar los déficits nacionales y las primas de riesgo. Es importante que ponga en marcha instrumentos y medidas que garanticen la protección social de las personas más vulnerables afectadas por esta crisis”.
Por último, Oxfam Intermón, que trabaja en más de 90 países en proyectos de combaten la pobreza y la desigualdad, pide reforzar la cooperación y disponer de medidas de urgencia que protejan a las personas más pobres y vulnerables del planeta, particularmente en aquellos países que no cuentan con las capacidades para enfrentar esta crítica situación. “La desigualdad global será visible en las respuestas que los países y las personas podamos dar a esta crisis”, concluye Contreras.
