Dieciséis organizaciones de la sociedad civil hemos solicitado en una carta al gobierno de España eliminar la imposición de un visado de tránsito a personas procedentes de Sudán y Chad.
Esta medida, que entró en vigor el 28 de junio, afectará gravemente a las personas que huyen del conflicto y la situación de emergencia humanitaria que se está produciendo en Sudán y Chad desde hace más de un año.
La imposición de visados de tránsito cerrará la única vía legal y segura que tienen estas personas para obtener protección en Europa. Este tipo de medidas externalizan nuestras fronteras al delegar la responsabilidad en terceros países en los que no se garantiza la protección internacional y se vulneran los principios humanitarios y de asilo que España ha defendido históricamente.
El conflicto armado en Sudán, que se reanudó en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, como Médicos Sin Fronteras alertamos en esta carta, y que ha desplazado a más de 10,8 millones de personas, según ACNUR. En 2023, 304 personas sudanesas solicitaron asilo en España, y el 92% de estas solicitudes fueron reconocidas, lo que evidencia la necesidad de protección que estas personas enfrentan.
Sudán sufre una de las peores crisis que el mundo ha visto en décadas. Los niveles de sufrimiento son extremos en todo el país y las necesidades aumentan cada día. Los pacientes mueren por heridas relacionadas con la violencia y por enfermedades prevenibles. Los niños y las niñas mueren de desnutrición; las mujeres, por complicaciones durante el embarazo o el parto. Ya ha habido brotes de cólera y sarampión. Y las vacunas se están agotando. Sin embargo, la respuesta humanitaria en Sudán es profundamente inadecuada. Ambas partes beligerantes la dificultan hasta el extremo. En medio del conflicto, muy pocas estructuras sanitarias se libran de la violencia y funcionan hoy en día. Esto tiene un impacto devastador en la vida de millones de personas en todo el país.
Diferentes agencias de Naciones Unidas (FAO, UNICEF y PMA) advirtieron el pasado jueves que el país se enfrenta a "los peores niveles de inseguridad alimentaria aguda jamás registrados": más de 750.000 personas se enfrentan al riesgo de hambruna (nivel 5, el nivel más alto de la clasificación) en 14 zonas, y 25,6 millones se encuentran se encuentran en los niveles altos de hambre aguda (nivel 3 de un total de 5 niveles), según los últimos datos publicados por la Clasificación Integrada de Fases. Esto significa que la mitad de la población sudanesa lucha cada día para alimentarse y alimentar a sus familias.
La situación ha provocado que más de dos millones de refugiados han buscado seguridad en los países vecinos. Chad, que alberga a más de un millón de refugiados sudaneses y es uno de los países más pobres del mundo, se verá igualmente afectado por esta medida. Las mujeres y niñas refugiadas en Chad sufren violencia extrema, a menudo sexual, e imponer un visado de tránsito dificultará aún más su búsqueda de seguridad. Además, tras desatarse el conflicto armado en Sudán en abril de 2023, huyeron a Egipto unas 500.000 personas refugiadas sudanesas. Sin embargo, el mes siguiente, el gobierno egipcio impuso el visado de entrada a toda la población sudanesa, tal y como quiere hacer España, lo que no dejó a quienes huían más opción que recurrir a pasos fronterizos irregulares.
La implementación de visados de tránsito a personas procedentes de Sudán y Chad que llegan a aeropuertos españoles, principalmente a Barajas, en vuelos procedentes desde Marruecos, obligará a muchas personas a arriesgar sus vidas en travesías marítimas peligrosas o a intentar cruzar fronteras de manera irregular, lo que puede resultar en tragedias humanas evitables. No debemos olvidar que la mayoría de las personas fallecidas y supervivientes de la masacre de Melilla hace dos años eran de origen sudanés o chadiano. Y además cabe destacar que, la mayoría de las personas sudanesas que consiguieron entrar ese día obtuvieron protección internacional en España. Repetir estos errores tendrá consecuencias devastadoras.
Por ello, las organizaciones firmantes instamos al Gobierno de España a revertir esta medida y a cumplir los deberes de protección de acuerdo con el Estatuto de los Refugiados de la Convención de Ginebra, que España ha ratificado.
