Oxfam Intermón propone en un nuevo informe medidas fiscales urgentes, que se vean reflejadas en los presupuestos de 2021, y otras a medio plazo, para sostener los servicios públicos y paliar el impacto socioeconómico de la pandemia en España. Las medidas van encaminadas a gravar la riqueza, el capital y a las grandes empresas.
El informe Una nueva fiscalidad para que nadie quede atrás considera vital corregir lo antes posible la precaria situación fiscal e impositiva que presenta España para poder hacer frente a las consecuencias socioeconómicas y a la recuperación de un sistema público empobrecido y deteriorado desde la crisis de 2008.
“En relación al PIB, España recauda 4 puntos porcentuales menos que la media de la Unión Europea”, explica Iñigo Macías, autor del informe y coordinador de investigaciones de Oxfam Intermón. “Además, no lo hace de manera justa, puesto que el peso de la recaudación (83%) recae sobre las familias, mientras que las empresas sólo contribuyen con el 11%”.
Todas las medidas propuestas permitirían, en situación de normalidad económica, recaudar unos 10.000 millones de euros más cada año. Recursos suficientes, para tapar, casi en su totalidad, la brecha de 12.000 millones de euros que separa el gasto en protección social en España de la media europea. “España tiene ante sí un amplio recorrido para conseguir que el gasto público sea una herramienta efectiva en la lucha contra la desigualdad y la pobreza”, dice Iñigo Macías. “Nuestras propuestas permitirían llegar a la media europea de gasto en protección social, lo que supondría saldar una deuda histórica con la ciudadanía y dar un paso gigantesco en la reducción de la desigualdad”.
El gasto en protección social incluye las transferencias a las familias para combatir el desempleo, la pobreza o la enfermedad. En 2018, el montante de esta partida fue equivalente al 7,5% del PIB, esto es, un punto menos que el conjunto de la Unión Europea, lo que supone una brecha de 12.000 millones de euros. Considerando diferentes indicadores relacionados con el volumen de este gasto, su cobertura y su incidencia sobre la desigualdad, España ocupa el puesto 22 entre los 48 países de renta alta considerados. Si tenemos en cuenta además las políticas tributarias y las laborales, España ocupa el puesto 27.
Impuestos extraordinarios a los menos impactados por la pandemia
Entre las medidas urgentes que la ONG pide que sean contempladas en los próximos presupuestos está la creación de un impuesto excepcional de duración limitada para las empresas que han visto aumentar su facturación y sus beneficios de manera extraordinaria.
Además, la adopción de un impuesto sobre los servicios digitales y un impuesto a las transacciones financieras, incluyendo productos derivados, que recaería sobre los operadores financieros sin apenas impacto sobre la ciudadanía o sobre la economía real.
Oxfam Intermón alerta que, en el corto plazo, la caída de la actividad económica supondrá una importante bajada de los ingresos tributarios y, por tanto, el Estado tendrá menor capacidad para reducir el impacto social y económico provocado por la pandemia. “Es posible, y necesario, pedirle un mayor esfuerzo fiscal a quienes menos han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, y a quienes se han visto beneficiados por las circunstancias”, explica Íñigo Macías.
En paralelo, las empresas que reciban recursos públicos durante este periodo deben comprometerse a tener un comportamiento fiscal responsable. “No podemos consentir que ni un euro de los limitados recursos con los que cuenta el Estado acabe en paraísos fiscales o se destine al reparto de dividendos o bonos, porque su objetivo al apoyar el sector privado es evitar la destrucción masiva de empleo y mantener con vida el tejido empresarial de este país”, según el autor del informe.
Soluciones a medio plazo
Más allá de estas soluciones urgentes, Oxfam Intermón propone medidas a medio plazo que permitan resolver algunas de las deficiencias del sistema tributario y sostener un estado del bienestar debilitado desde la crisis de 2008. “Cuando hablamos de medio plazo queremos decir también lo antes posible, en cuanto se retome el crecimiento económico, para que esas medidas contribuyan a la recuperación”, apunta Iñigo Macías.
El gasto sanitario se redujo en un 11,2% entre 2009 y 2018. “Las políticas públicas deben de ser la principal defensa contra las desigualdades. Lo han sido durante esta crisis con las diversas medidas en el ámbito laboral, económico y de protección social adoptadas, y lo tienen que seguir siendo cuando la pandemia acabe, porque nos enfrentamos a la peor recesión desde la Guerra Civil”, defiende el investigador.
Para ello, Oxfam Intermón propone una serie de ajustes en el Impuesto sobre Sociedades. Por esa vía llegaban en el 2007 22 de cada 100 euros de ingresos tributarios, mientras que ahora son sólo 11. Entre otras, ajustes que eviten ventajas para las multinacionales de matriz española. En 2016, 134 multinacionales españolas con una facturación anual de más de 750 millones de euros pagaron el 12,6% de su beneficio neto global en impuestos, más de 12 puntos por debajo de lo que por ley les corresponde.
El Impuesto al Patrimonio es otro de los que requiere reforma, según Oxfam Intermón. Las exenciones, las bonificaciones autonómicas, la evasión derivada de tener la riqueza en determinados países y también la valoración de los bienes muy por debajo del precio de mercado son aspectos a corregir para que este impuesto pueda ayudar a paliar el sacrificio colectivo que demandará la recuperación.
El informe también pide que se ajuste el IRPF aplicado sobre las rentas del capital, que tributa muy por debajo del de las y los trabajadores. Las rentas del trabajo tienen un tipo efectivo medio del 12,8%, y las del capital apenas un 8%.
“El acceso a los recursos económicos y financieros provenientes de Europa nos va a permitir ganar tiempo” apunta el autor del informe, “pero este tiempo no nos puede hacer olvidar la urgencia de afrontar reformas necesarias, como la tributaria. Además, será crucial un uso de esos recursos de forma responsable, consensuada, no partidista y con mecanismos que permitan realizar un buen seguimiento”.
