El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha publicado hoy un nuevo informe en el que se revelan los nombres personas adineradas y grandes multinacionales que utilizan los paraísos fiscales para evitar pagar los impuestos que les corresponden. Susana Ruiz, experta en política fiscal de Oxfam Intermón, ha señalado al respecto que:
“Se trata de otra impactante filtración que muestra la inmensa cantidad de dinero que se mueve en ese agujero negro que son los paraísos fiscales alrededor del mundo y que debe ser el punto de inflexión para impulsar una acción inmediata, como se lleva prometiendo desde hace mucho tiempo.
“Hay que felicitar a quienes están detrás de esta filtración y a los periodistas que nos permiten poner luz a estos entramados de gestión del patrimonio paralelo y secreto, sólo accesible para aquellos con grandes cantidades de dinero, con la codicia suficiente como para ocultarlo y no pagar impuestos, y para aquellos que lo facilitan.
“En estas guaridas es donde están todos los servicios públicos que nos faltan, nuestros hospitales y centros de salud que tanto hicieron falta durante los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por la COVID. Ahí es donde se encuentran los sueldos del personal docente, de los bomberos y otros servicios públicos que faltan pero que tan necesarios son. Siempre que un gobierno o cualquier gran corporación se excusa en el "no hay dinero" para no pagar por los impactos del cambio climático, por las políticas de juventud, o para financiar el gasto social y promover una recuperación justa después de la COVID, o incluso para aumentar los recursos para la cooperación internacional, ya saben dónde buscar.
“Los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos de todo el mundo 427.000 millones de dólares cada año. Eso es el equivalente al salario anual de una enfermera cada segundo, todos los días. Diferentes expertos y el FMI estiman que la riqueza oculta de las grandes fortunas españolas supera el 10% del PIB. Esta pérdida de ingresos tributarios la acaban pagando los contribuyentes ordinarios, familias y trabajadores. Además, los paraísos fiscales también facilitan el crimen y la corrupción.
“Las promesas de los distintos gobiernos comprometiéndose a acabar con los paraísos fiscales aún están lejos de ser una realidad. No podemos permitir que los paraísos fiscales sigan aumentando la desigualdad, dinamitando la cohesión social, mientras la pobreza y la vulnerabilidad aumentan como resultado de la crisis económica de la COVID. A nivel mundial, se espera el mayor aumento de la pobreza extrema en décadas como resultado de la pandemia”.
El uso y abuso de los paraísos fiscales no es exclusivo de grandes fortunas sino que se ha convertido en una práctica generalizada entre muchas grandes corporaciones. Por eso, 140 países están participando actualmente en las negociaciones fiscales internacionales bajo el paraguas de la OCDE-G20. Estas conversaciones han estado en marchar durante una década, pero lo mejor que han logrado es sugerir un tipo del 15%, cercano a los tipos que ya ofrecen países como Irlanda, Suiza y Singapur.
Oxfam Intermón pide al gobierno español que se implique activamente y ponga fin a los paraísos fiscales. Para ello, es necesario:
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- Actualizar la lista negra española de paraísos fiscales, que incluya de forma automática los territorios del 0% y los de muy baja tributación
- Romper con la opacidad de las sociedades offshore creando un registro público en España que alcance a los propietarios reales, finales y efectivos de todas las sociedades pantalla y cuentas bancarias.
- Acabar con la fuga de beneficios empresariales a paraísos fiscales y la infratributación de grandes empresas aplicando un mínimo efectivo que no esté por debajo del 21%, en línea con lo que los Estados Unidos están planteando y se está negociando en el G20
- Asegurar que en los PGE 22 se incluyen las medidas fiscales necesarias de combate a los paraísos fiscales, que permita una recaudación suficiente para garantizar una recuperación justa e inclusiva
España debería ser parte de un nuevo paradigma fiscal, que logre poner el modelo tributario al servicio de una recuperación más justa e inclusiva, a la vez que se garantizan los recursos necesarios para ahondar en un estado de bienestar, hasta ahora insuficiente cuando nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno. La reforma del sistema tributario debe ir encaminada a aumentar la suficiencia tributaria, luchar contra la evasión y la elusión fiscal, ahondar en la progresividad, incrementando la tributación sobre las rentas del capital y el patrimonio, así como conseguir que las grandes empresas paguen su parte justa. Todos estos elementos son piezas fundamentales y ahora, tras la COVID, totalmente ineludibles.
