El Pacto de Migración y Asilo debería ser una oportunidad para alcanzar un sistema de asilo justo y sólido, pero ahora mismo incluye elementos muy preocupantes en materia de cumplimiento de los derechos humanos.
Las trece organizaciones firmantes denuncian que las posiciones del Consejo empeoran la propuesta de la Comisión sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Es importante que el Parlamento Europeo mantenga y refuerce su posición en las negociaciones para poner los derechos humanos en el centro así como que el Estado español defienda y promueva activamente los derechos humanos en el Pacto.
En los últimos años se han producido graves violaciones de derechos de migrantes y refugiadas en Europa como devoluciones colectivas, suspensión del derecho de asilo, detenciones arbitrarias y trato discriminatorio contra solicitantes de asilo, al mismo tiempo que aumentaba la criminalización de las actividades de salvamento y rescate por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Con este Pacto los procedimientos de detención en frontera obligarían a las personas a permanecer en instalaciones en frontera, zonas de tránsito y otros lugares en el territorio del país, con ayuda reducida, y hasta periodos de cinco meses. Asimismo las personas especialmente vulnerables, incluyendo niños/as y sus familiares, podrían no quedar exentas de la aplicación de los procedimientos en frontera con menores garantías legales y recursos efectivos.
El Pacto de Migración y Asilo debe impulsar un sistema permanente de solidaridad en la Unión Europea que incluya las siguientes medidas:
- Mecanismo de solidaridad con reubicaciones obligatorias.
- Condicionar la aprobación del Reglamento de crisis a que no se incluyan derogaciones y excepciones a las normas de asilo europeas
- Rechazar el uso de la detención con la finalidad de screening y los procedimientos de asilo y retorno en frontera.
- Mantener y reforzar los actuales criterios para determinación de “país seguro”. i
- Introducir garantías para el respeto del principio de no devolución y salvaguardas en los procedimientos de asilo y retorno en frontera, incluyendo el rechazo a la ficción jurídica de “no entrada”,
- Promover la ampliación de vías legales y seguras y asumir mayores compromisos en materia de reasentamiento.
