En primer lugar, cualquier abordaje de la política migratoria debe hacerse con un enfoque de derechos, priorizando el bienestar y el trato digno de las personas. Es decir, debe respetar el derecho internacional en materia de derechos humanos, asilo y refugio, rechazar las visiones ‘utilitaristas’ de la migración como mera ‘mano de obra’, y tener un compromiso antirracista.
“Detrás de las palabras ‘gestión’, ‘delegación, ‘cesión’ o ‘competencias’ hay miles de seres humanos que dependen de esas decisiones. Que no se nos olvide. Su seguridad y sus derechos no pueden ser moneda de cambio en ninguna negociación, como ya hemos alertado en otras ocasiones en el marco de la Unión Europea, por ejemplo”, explica Sonia Díaz, coordinadora de Protección de los Derechos de la Población Migrante de Oxfam Intermón.
Solo si la delegación de competencias supone una mejora real de la atención, de las garantías y de la agilidad en el acceso a los derechos de estas personas podría considerarse una medida positiva. Para ello, habrá que ver cómo se despliega si logra su aprobación en el Congreso.
En cualquier caso, “no se trata de cambiar una policía por otra, sino de que haya un refuerzo real de las administraciones, en este caso de proximidad, para superar el importante colapso que existe en el sistema de solicitudes de asilo, residencia y trabajo”, señala Díaz. Un retraso que condena a un limbo legal a estas personas durante meses o años.
En cuanto a los requisitos para acceder a los permisos de residencia, seguirían siendo los mismos en todo el Estado. Sin embargo, no existirían las mismas garantías de criterios comunes en lo relativo a la incoación o ‘apertura de procesos de expulsión’.
Si se produjese la transferencia de competencias, la apertura y justificación de las propuestas de expulsión sería asumida por la Generalitat. “Esto quiere decir que serían los Mosos d’Esquadra quienes elevarían los casos ante una Junta de Seguridad compuesta por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los propios Mossos. Por ello, es crucial que se respeten los mismos criterios en todo el territorio, y que todos los equipos implicados reciban una formación específica para el cumplimiento de los acuerdos internacionales de derechos humanos”, alerta Díaz.
Cuestiones pendientes:
• Menores no acompañados
El debate sobre la posible delegación de competencias ha opacado nuevamente una cuestión urgente desde hace años: la falta de acuerdo para ofrecer una acogida adecuada a los menores no acompañados. Aún no se ha conseguido modificar la Ley de Extranjería para establecer un sistema solidario de acogida de niños y niñas entre todas las Comunidades Autónomas.
• Empadronamiento
Otro de los grandes obstáculos a los que se enfrentan las personas migrantes en nuestro país son las trabas para empadronarse en los municipios donde viven. “Negar el acceso al empadronamiento a través de trabas burocráticas innecesarias convierte a muchas vecinas y vecinos en invisibles, sin acceso a servicios públicos básicos de salud, educación y atención social”, señala Díaz. Además, en situaciones como la DANA, estas personas quedan totalmente desprotegidas y sin posibilidad de acceder a las ayudas públicas.
Con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o que la persona cuente con domicilio fijo o no, las administraciones locales tienen la obligación de empadronar a toda la población como establece la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 1985. Sin embargo, esta ley se incumple en municipios de todo el Estado.
• Iniciativa Legislativa Popular
Pese a que la reciente reforma del Reglamento de Extranjería mejora notablemente el acceso a la regularización a través de diversas formas de arraigo, la ILP para la regularización extraordinaria sigue siendo necesaria y complementaria. Esta petición popular, que fue apoyada por más de 700.000 personas, lleva un año atascada en el Congreso de los Diputados. La Cámara aceptó tramitarla en abril de 2024, pero está en un punto muerto por el bloqueo de algunos grupos parlamentarios.
• Pacto Europeo de Migración y Asilo
El acuerdo alcanzado en 2024 por la UE deberá desplegarse en 2026. Actualmente, el Gobierno de España está trabajando en la adaptación de la normativa estatal al nuevo marco europeo. Desde Oxfam Intermón llevamos años trabajando en esta agenda, y en los últimos meses nos hemos reunido con todos los ministerios implicados en el plan de implementación para exigir y presentar propuestas para que la aplicación sea lo más garantista posible con los derechos humanos.
Para ello, hemos elaborado varios análisis jurídicos junto al Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, para identificar los puntos más lesivos del acuerdo y tratar de reducir las vulneraciones de derechos que puedan causar.
