Las políticas financieras en competencia en el Norte y el Sur han causado el colapso económico. Las violaciones de los derechos humanos, la detención de trabajadores humanitarios y las condiciones inaceptables impuestas a la ayuda por las autoridades en Saná han exacerbado el sufrimiento.
En el Sur, a pesar del fuerte apoyo internacional, el gobierno reconocido internacionalmente no ha logrado proporcionar servicios básicos ni estabilizar la moneda. En los últimos 10 años, el rial yemení se ha depreciado en más del 90 % en las áreas controladas por el gobierno, lo que ha hecho que elementos básicos como alimentos, agua y atención médica sean inalcanzables para la mayoría de los yemeníes. Esta inflación solo está empeorando: el rial perdió el 30 % de su valor solo en febrero.
En el Norte, los hutíes han hecho que sea cada vez más difícil y peligroso para la comunidad humanitaria operar y proporcionar alimentos esenciales, dinero en efectivo y otra asistencia. Su detención arbitraria e ilegal de trabajadores humanitarios yemeníes y miembros de la sociedad civil ha empeorado el ya difícil entorno operativo. Las autoridades deben liberar a todos los detenidos de manera ilegal, incluido el personal de Oxfam Intermón.
El ambiente de restricción y miedo impuesto por los hutíes, junto con la congelación de la financiación de asistencia exterior por parte del gobierno de EE. UU. y la imposición de mayores riesgos legales, han llevado a muchas organizaciones humanitarias a reducir sus operaciones, dejando a millones de personas sin medios para sobrevivir y sin acceso a educación y servicios de salud. Las familias enfrentan precios más altos y una reducción en la asistencia humanitaria.
Pauline Chetcuti, Jefa de Incidencia Humanitaria y Campañas de Oxfam Internacional, dijo:
"Los y las yemeníes merecen, y tienen el derecho, de vivir con seguridad, tener acceso a alimentos, agua, atención médica y avanzar en un camino hacia un futuro pacífico.
"La última década ha sido devastadora para los y las yemeníes, y solo veremos que estas consecuencias mortales se agravan sin una acción urgente por parte de las autoridades y la comunidad internacional para permitir que la economía y la comunidad de ayuda operen".
Los servicios de educación y salud han sido diezmados, dejando a millones sin el apoyo crítico que necesitan y a los funcionarios públicos sin salarios. Las instalaciones de salud en todo el país han sido significativamente afectadas por el conflicto; solo el 40 % están funcionando parcialmente o han quedado completamente fuera de servicio debido a la escasez de personal, fondos, electricidad, medicinas y equipos.
La guerra ha destruido gran parte de la infraestructura crítica de Yemen: carreteras, puentes, mercados, hospitales, escuelas y fábricas privadas que impulsaban la economía del país. Aunque las líneas del frente han estado mayormente congeladas desde el alto el fuego en abril de 2022, las políticas monetarias en competencia y la ausencia de un acuerdo político completo han dejado a más de 17 millones de personas, casi la mitad de la población de Yemen, en situación de inseguridad alimentaria.
Las familias yemeníes enfrentan precios más altos y una reducción en la asistencia humanitaria debido a la designación de los hutíes como Organización Terrorista Extranjera por parte del gobierno de EE. UU. Esta designación crea obstáculos significativos para la ayuda humanitaria que salva vidas y las importaciones comerciales de alimentos y medicinas. También agrega una barrera al flujo vital de remesas de los yemeníes en el extranjero a sus familias, que representan aproximadamente una quinta parte del PIB de Yemen y son una parte crucial de la red de seguridad social del país. Los yemeníes necesitan ver el fin de las violaciones de derechos por parte de los hutíes y los ataques internacionales, pero esta designación probablemente no logrará ese objetivo. Los gobiernos deben apoyar mecanismos internacionales de rendición de cuentas para todas las partes en conflicto, en lugar de castigar a las familias yemeníes cortando la ayuda que les salva la vida.
La década de conflicto ha matado a más de 19,000 personas y ha desplazado a casi cinco millones, en su mayoría mujeres y niños. Estas cifras solo aumentarán a medida que se impongan más barreras legales y de seguridad sobre la economía y la comunidad de ayuda.
Chetcuti dijo: "Las potencias regionales y globales deben colaborar para apoyar una paz genuina en lugar de respaldar facciones alineadas y promover sus propios intereses políticos estrechos. Solo a través de un proceso político liderado por los yemeníes, que incluya a mujeres, jóvenes y la sociedad civil, los yemeníes podrán salir de la crisis y disfrutar de una paz y seguridad básicas".
