El pasado 29 de mayo, más de 70 organizaciones del Estado español se reunieron en Madrid para reflexionar y debatir sobre el modelo de política migratoria que necesitamos para garantizar los Derechos Humanos, asegurar la vida, la protección y la dignidad de las personas que se desplazan huyendo de conflictos, condiciones climáticas extremas o buscando prosperar en otro lugar. Bajo el título 'Ciudadanía diversa: Hacia un nuevo paradigma en la política migratoria', se celebraron varias mesas de conversación sobre los marcos normativos y políticos que determinan el modelo migratorio que tenemos tanto en nuestro país como en la Unión Europea, y sobre cómo la sociedad civil puede actuar para transformarlos.
Estamos en un momento crucial. Entre el 6 y el 9 de junio, más de 400 millones de personas están llamadas a las urnas para decidir, entre otras grandes cuestiones, qué modelo de sociedad y qué políticas migratorias se promueven en Europa. El nuevo Pacto de Migración y Asilo (PEMA), aprobado hace solo unos meses, perpetúa un modelo inhumano e ineficaz: no garantiza la protección de las personas (tampoco de las niñas y niños), agiliza las deportaciones, ahonda en la externalización de fronteras y establece la mal llamada 'solidaridad a la carta' (permitiendo que unos Estados rechacen acoger a solicitantes de asilo pagando a otros países para que lo hagan).
La normativa, que tampoco contempla la ampliación de vías legales y seguras, está hecha a la medida de los gobiernos europeos más reaccionarios y no de las necesidades y la dignidad de las personas que llegan a la UE. En los próximos dos años, el PEMA empezará a aplicarse en nuestro país, y la sociedad civil seguirá exigiendo que dicha implementación no suponga un retroceso en materia de Derechos Humanos.
En nuestro país, más de 500.000 personas migrantes siguen esperando a que se lleve a cabo una regularización extraordinaria que ponga fin a las vulneraciones que soportan a diario. La tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que defiende esta medida, y que cuenta con el apoyo de más de 700.000 personas, avanza de forma lenta en el Congreso de los Diputados. En paralelo, varias de las organizaciones reunidas en la jornada trabajan para lograr reformas profundas en el Reglamento de Extranjería con un doble objetivo: avanzar hacia políticas migratorias más justas, pero también hacia políticas de integración que garanticen la convivencia y la cohesión social.
No debemos olvidar que la discriminación y el racismo estructural truncan cada día proyectos de vida, merman oportunidades y fomentan la desigualdad, impidiendo que miles de personas disfruten plenamente de sus derechos y libertades.
El encuentro, apoyado por el proyecto Tejiendo Derechos, estaba impulsado por Oxfam Intermón, Andalucía Acoge, la Coordinadora de Barrios, Programa Ödos (Fundación Emet) y el Servicio Jesuita a Migrantes.
Compartimos a continuación dos vídeos que surgieron como resultado de la jornada:
