La política migratoria está en el centro de la actualidad política española y europea. En mitad del ruido, las noticias y los discursos políticos nos hacen olvidar que lo que está en juego es la vida, la dignidad y los derechos de millones de personas.
En los últimos años, la situación de las personas migrantes y demandantes de asilo se ha agravado por dos motivos: el crecimiento de movimientos políticos abiertamente xenófobos, que están logrando liderar o condicionar las agendas de muchos gobiernos europeos, y una política migratoria europea inhumana e ineficaz, que ahonda en la externalización de fronteras y en los acuerdos con terceros países (como Turquía) para contener o rechazar a estas personas. A menudo, las violaciones de derechos se llevan a cabo empleando fondos europeos, incluso fondos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Oxfam Intermón está trabajando actualmente en varios frentes para defender los derechos de las personas migrantes y combatir las desigualdades que les afectan especialmente:
- Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). La Unión Europea aprobó en mayo una nueva normativa que endurecía la normativa existente, amenazando aún más la seguridad y el trato digno de las personas que migran a la Unión Europea. El Pacto no promueve la ampliación de las vías legales y seguras, agiliza las deportaciones y no establece un reparto equilibrado de responsabilidades entre todos los países, sino que permite a los Estados pagar un precio para no acoger y proteger a las personas que llegan a suelo europeo. Pese a su dureza, algunos países están pidiendo tomar medidas aún más crueles (como construir centros de detención en países fronterizos como Albania). Cada Estado debe presentar un plan de implementación nacional este otoño, para que la Comisión Europea lo apruebe antes de diciembre.
Oxfam Intermón lleva meses presionando para que los ministerios implicados en la redacción del plan lo hagan de la manera más respetuosa y garantista con los derechos humanos. Hasta el momento, hemos mantenido reuniones con los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Sanidad, Igualdad, Derechos Sociales, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Juventud e Infancia, así como con diferentes partidos políticos. También nos hemos reunido, junto con otras organizaciones, con el presidente del Gobierno.
Si quieres apoyar nuestro trabajo, ¡firma ya por una política de asilo y migración justa!
- Aportaciones a la reforma del Reglamento de Extranjería. Junto a otras organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, hemos realizado aportaciones a la reforma llevada a cabo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Aunque la reforma aprobada en noviembre recoge mejoras en derechos sociales y laborales, así como una simplificación de los procesos, en general incluye más modificaciones de forma que de fondo, no aborda en profundidad la regulación de la migración en nuestro país y sigue teniendo una visión utilitarista, centrada en cuestiones económicas y laborales, sin poner realmente en el centro el respeto por los Derechos Humanos.
No obstante, nuestra valoración es positiva respecto a dos elementos cruciales, la reducción del periodo de residencia previa para obtener la regularización (de 3 a 2 años) y la ampliación de las formas de arraigo a cinco categorías: familiar, social, segunda oportunidad, arraigo sociolaboral y arraigo socioformativo (estas tres últimas son nuevas). En concreto, el arraigo familiar que no dispone de un período mínimo de permanencia para poder solicitarlo. Pero estas mejoras dejan a muchas personas fuera: todas aquellas que no lleven al menos 2 años en España desde la entrada en vigor del Reglamento (19 de mayo 2025), cuya aplicación no es retroactiva.
Estas personas quedarán nuevamente condenadas a la invisibilidad, expuestas al riesgo de explotación y vulneración de sus derechos, así como a la economía sumergida. Por ello, pese a los avances que supone esta reforma en muchos aspectos, seguimos trabajando para la aprobación de la regularización extraordinaria de las personas que ya viven en España, incluyendo las que llegaron después de mayo de 2023.
- Impulso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar la situación de 500.000 personas que viven y trabajan en nuestro país desde hace años y que no tienen acceso a sus derechos. Oxfam Intermón fue una de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que recogieron más de 700.000 firmas para que la iniciativa, liderada por el movimiento Regularización YA, saliese adelante. El Congreso aprobó su toma en consideración el pasado mes de abril, y tras un bloqueo de varios meses seguirá su tramitación este otoño. La reciente reforma del Reglamento de Extranjería debe ser un complemento, pero no una excusa para frenar este proceso. La meta está cada vez más cerca y seguiremos apoyando al movimiento Regularización YA para que la ILP se haga realidad.
Además, para reforzar nuestra labor de incidencia realizamos investigaciones que visibilizan claramente las desigualdades que afectan especialmente a las personas migrantes sin derechos, como la pobreza laboral.
- Apoyo a colectivos especialmente vulnerables tras la DANA. Los daños humanos y materiales causados por las inundaciones en Valencia son indescriptibles. Las comunidades afectadas luchan por recuperar sus vidas, incluyendo miles de personas 'invisibles' para el sistema que no podrán acceder a las ayudas oficiales porque no pueden empadronarse, trabajan sin contrato laboral, no tienen DNI ni una cuenta bancaria. Cerca de 40.000 personas viven en esta situación en la provincia de Valencia, vecinos y vecinas que desarrollan trabajos imprescindibles en el sector primario y de los cuidados.
La experiencia de la pandemia nos decía que estas personas volverían a quedarse fuera de las medidas de protección social. Por eso, en los primeros días de la catástrofe Oxfam Intermón puso en marcha una recogida de fondos destinados a organizaciones locales con las que trabajamos desde hace años, para que puedan proporcionar alimentos, alojamiento de emergencia y apoyo psicosocial a estos colectivos. Sin embargo, aunque el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sea esencial, no podemos permitir que miles de personas que forman parte de los municipios afectados, y que están peleando por recuperarlos junto al resto de la población, vuelvan a quedarse desprotegidas.
Junto a la recogida de fondos, estamos pidiendo a las diferentes administraciones públicas que adapten las medidas aprobadas (laborales, económicas, de vivienda, etc.) para garantizar los derechos de todas las personas golpeadas por la DANA, sin excepción.
- Trabajo con las personas temporeras migrantes en la agricultura. Llevamos más de 3 años implementando iniciativas de mejora de los derechos sociolaborales de las personas temporeras agrícolas en el sector de frutos rojos de Huelva, en el que las malas prácticas sociales y ambientales han aparecido recurrentemente en los medios de comunicación. Además, hemos tenido un papel clave de presión para la aprobación de la Directiva europea de Debida Diligencia, y ahora nos centraremos en su trasposición rápida en España. También incidimos en otros marcos legales que afectan a las personas trabajadoras migrantes, como la Orden GECCO (que regula las contrataciones en origen) o la Condicionalidad Social de la Política Agraria Común (PAC), y realizamos investigaciones como la que revelaba que miles de personas migrantes sufren abusos de forma sistemática en el sector agrícola europeo.
Además de incidir a nivel político y regulatorio, trabajamos con empresas para ayudarlas a comprender cómo sus operaciones afectan a las personas en sus cadenas de valor y a las comunidades y países en los que operan, aportando información y herramientas para facilitar diálogos efectivos e involucrarse con partes interesadas clave, como sindicatos, grupos de trabajadores y organizaciones de derechos de las mujeres. Igualmente, estamos siguiendo de cerca la instalación de nuevos mecanismos de queja extrajudiciales que están siendo promovidos por supermercados europeos en el sector de frutas y hortalizas en España, ya que nos preocupa que no sean efectivos o no sean usados por las personas trabajadoras.
El enfoque de Oxfam para promover los derechos humanos en las cadenas de suministro globales incluye también trabajo con organizaciones de la sociedad civil como Jornaleras de Huelva en Lucha, Asociación APDHA, ASNUCI o Huelva Acoge, o apoyando la puesta en funcionamiento de un Observatorio de Migración Circular en Marruecos.
- Impulso de un Pacto social frente a los discursos de odio. La polarización y los discursos violentos contra determinados grupos se han disparado en los últimos años, especialmente a través de las redes sociales y mediante la difusión de bulos. Oxfam Intermón forma parte de un grupo de organizaciones que trabajan para que los responsables políticos tomen medidas contra estos discursos. En pocos meses hemos logrado impulsar la creación de una Subcomisión especial dentro del Congreso de los Diputados, cuya función será recoger propuestas para elaborar un Pacto de Estado contra estos discursos. Oxfam Intermón comparecerá ante dicha Comisión para exponer sus análisis, y ha participado también en espacios del Ministerio de Igualdad para reflexionar sobre la interseccionalidad en los discursos de odio.
- Presencia en todo el país. Formamos parte de una amplia red de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes en todo el Estado, especialmente en Cataluña, Frontera Sur (Ceuta y Melilla) y Madrid, donde en los últimos años se ha endurecido o casi eliminado la posibilidad del empadronamiento de personas migrantes en asociaciones, algo imprescindible para acceder a algunos derechos básicos. Para revertir esta situación, apoyamos la campaña #PadrónPorDerecho lanzada en octubre en el Museo Reina Sofía (Madrid), en un acto en el que se denunciaron las trabas que muchos ayuntamientos están poniendo para empadronar a personas en situación de máxima vulnerabilidad.
Además, a través del proyecto Tejiendo Derechos apoyamos económicamente a multitud de organizaciones locales y generamos espacios de trabajo en red. El objetivo de esta iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea, es fortalecer a la sociedad civil en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos.
