La política migratoria está en el centro de la actualidad política española y europea. En mitad del ruido, las noticias y los discursos políticos nos hacen olvidar que lo que está en juego es la vida, la dignidad y los derechos de millones de personas.
En los últimos años, la situación de las personas migrantes y demandantes de asilo se ha agravado por dos motivos: el crecimiento de movimientos políticos abiertamente xenófobos, que están logrando liderar o condicionar las agendas de muchos gobiernos europeos, y una política migratoria europea inhumana e ineficaz, que ahonda en la externalización de fronteras y en los acuerdos con terceros países (como Turquía) para contener o rechazar a estas personas. A menudo, las violaciones de derechos se llevan a cabo empleando fondos europeos, incluso fondos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Oxfam Intermón está trabajando actualmente en varios frentes para defender los derechos de las personas migrantes y combatir las desigualdades que les afectan especialmente:
- Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). La Unión Europea aprobó en mayo una nueva normativa que endurecía la normativa existente, amenazando aún más la seguridad y el trato digno de las personas que migran a la Unión Europea. El Pacto no promueve la ampliación de las vías legales y seguras, agiliza las deportaciones y no establece un reparto equilibrado de responsabilidades entre todos los países, sino que permite a los Estados pagar un precio para no acoger y proteger a las personas que llegan a suelo europeo. Pese a su dureza, algunos países están pidiendo tomar medidas aún más crueles (como construir centros de detención en países fronterizos como Albania). Cada Estado debe presentar un plan de implementación nacional este otoño, para que la Comisión Europea lo apruebe antes de diciembre.
Oxfam Intermón lleva meses presionando para que los ministerios implicados en la redacción del plan lo hagan de la manera más respetuosa y garantista con los derechos humanos. Hasta el momento, hemos mantenido reuniones con los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Sanidad, Igualdad, Derechos Sociales, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Juventud e Infancia, así como con diferentes partidos políticos. También nos hemos reunido, junto con otras organizaciones, con el presidente del Gobierno.
Si quieres apoyar nuestro trabajo, ¡firma ya por una política de asilo y migración justa!
- Impulso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar la situación de 500.000 personas que viven y trabajan en nuestro país desde hace años y que no tienen acceso a sus derechos. Oxfam Intermón fue una de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que recogieron más de 700.000 firmas para que la iniciativa, liderada por el movimiento Regularización YA, saliese adelante. El Congreso aprobó su toma en consideración el pasado mes de abril, y tras un bloqueo de varios meses seguirá su tramitación este otoño. La meta está cada vez más cerca, pero algunos partidos han presentado una serie de enmiendas para endurecer las condiciones del proceso. En los próximos meses redoblaremos nuestros esfuerzos de incidencia y seguiremos apoyando al movimiento Regularización YA para fortalecer su plan de acción de aquí a diciembre. Además, para reforzar nuestra labor realizamos investigaciones que visibilizan claramente las desigualdades que afectan especialmente a las personas migrantes sin derechos, como la pobreza laboral.
- Aportaciones a la reforma del Reglamento de Extranjería. Junto a otras organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, hemos realizado aportaciones a la reforma llevada a cabo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras conocer el borrador de la reforma, nuestra valoración es positiva en algunos elementos: la reducción del periodo de residencia previa para obtener la regularización, la flexibilización del arraigo desde el enfoque del empleo, la generación de otras formas de arraigo, el abordaje de tipologías de centros de migraciones y el reconocimiento de los delitos de odio para poder solicitar autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, entre otras mejoras.
Sin embargo, nos preocupan cuestiones como la introducción de un estrecho concepto de “vivienda adecuada”, lo que puede complicar aún más la situación de las personas migrantes con alojamientos precarios; la falta de propuestas para resolver las interminables listas de espera para obtener citas previas; o la falta de una mayor garantía para que no haya niños, niñas y jóvenes (acompañados o no por sus familias) en situación administrativa irregular, entre otros aspectos mejorables. También nos preocupa mucho la elevada exigencia de los procesos de reagrupación familiar, restringiendo las vías legales y seguras de acceso a territorio nacional, lo que afecta gravemente al derecho a vivir en familia de las personas extranjeras y de las personas españolas con familiares extranjeros, como por ejemplo sus progenitores.
Estamos a la espera de conocer el texto definitivo del nuevo reglamento de Extranjería, que se aprobará previsiblemente en noviembre, para poder realizar una valoración más exhaustiva de la reforma.
- Impulso de un Pacto social frente a los discursos de odio. La polarización y los discursos violentos contra determinados grupos se han disparado en los últimos años, especialmente a través de las redes sociales y mediante la difusión de bulos. Oxfam Intermón forma parte de un grupo de organizaciones que trabajan para que los responsables políticos tomen medidas contra estos discursos. En pocos meses hemos logrado impulsar la creación de una Subcomisión especial dentro del Congreso de los Diputados, cuya función será recoger propuestas para elaborar un Pacto de Estado contra estos discursos. En las próximas semanas, Oxfam Intermón tendrá una comparecencia ante dicha Comisión para exponer sus análisis.
- Trabajo con las personas temporeras migrantes en la agricultura. Llevamos más de 3 años implementando iniciativas de mejora de los derechos sociolaborales de las personas temporeras agrícolas en el sector de frutos rojos de Huelva, en el que las malas prácticas sociales y ambientales han aparecido recurrentemente en los medios de comunicación. Además, hemos tenido un papel clave de presión para la aprobación de la Directiva europea de Debida Diligencia, y ahora nos centraremos en su trasposición rápida en España. También incidimos en otros marcos legales que afectan a las personas trabajadoras migrantes, como la Orden GECCO (que regula las contrataciones en origen) o la Condicionalidad Social de la Política Agraria Común (PAC), y realizamos investigaciones como la que revelaba que miles de personas migrantes sufren abusos de forma sistemática en el sector agrícola europeo.
Además de incidir a nivel político y regulatorio, trabajamos con empresas para ayudarlas a comprender cómo sus operaciones afectan a las personas en sus cadenas de valor y a las comunidades y países en los que operan, aportando información y herramientas para facilitar diálogos efectivos e involucrarse con partes interesadas clave, como sindicatos, grupos de trabajadores y organizaciones de derechos de las mujeres. Igualmente, estamos siguiendo de cerca la instalación de nuevos mecanismos de queja extrajudiciales que están siendo promovidos por supermercados europeos en el sector de frutas y hortalizas en España, ya que nos preocupa que no sean efectivos o no sean usados por las personas trabajadoras.
El enfoque de Oxfam para promover los derechos humanos en las cadenas de suministro globales incluye también trabajo con organizaciones de la sociedad civil como Jornaleras de Huelva en Lucha, Asociación APDHA, ASNUCI o Huelva Acoge, o apoyando la puesta en funcionamiento de un Observatorio de Migración Circular en Marruecos.
- Presencia en todo el país. Formamos parte de una amplia red de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes en todo el Estado, especialmente en Cataluña, Frontera Sur (Ceuta y Melilla) y Madrid, donde en los últimos años se ha endurecido o casi eliminado la posibilidad del empadronamiento de personas migrantes en asociaciones, algo imprescindible para acceder a algunos derechos básicos. Para revertir esta situación, actualmente estamos apoyando la campaña #PadrónPorDerecho.
Además, a través del proyecto Tejiendo Derechos apoyamos económicamente a multitud de organizaciones locales y generamos espacios de trabajo en red. El objetivo de esta iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea, es fortalecer a la sociedad civil en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos.
