En los últimos años se ha instalado la idea de que el futuro viene cargado de fatalidades, despertando miedos comprensibles y la resignación ante males que parecen demasiado complejos para combatirlos. Entre ellos, los efectos de la crisis climática, una competición global por los recursos, nuevos y viejos conflictos armados, el abismo creciente entre las clases trabajadoras y quienes concentran el poder y la riqueza, los ataques a los derechos de las mujeres, la infancia y las personas LGBTIQ, la epidemia de la desinformación, la erosión de las democracias y una regresión de los derechos humanos en todo el mundo.
Sin embargo, no debemos olvidar que la realidad en la que vivimos depende de decisiones políticas y económicas concretas, que detrás de cada una de ellas hay personas defendiendo unos intereses frente a otros, y que si queremos que el futuro tenga un aspecto distinto debemos construirlo con mimbres distintos. Los retos que tenemos son globales y modelarán la vida en el planeta durante varias generaciones. Deben ser abordados de forma conjunta por todos los Estados, y no caben en el cortoplacismo acelerado de la política actual.
Entre el 6 y el 9 de junio, más de 350 millones de personas estamos llamadas a las urnas en la Unión Europea (UE). Pese a la incertidumbre y a la crítica necesaria en muchas cuestiones, la gran mayoría de la población (el 71%, según el último Eurobarómetro) cree que formar parte de ella ha sido positivo para sus países, y el 61% es bastante optimista sobre el futuro del proyecto europeo.
Sin caer en la ingenuidad, hay margen para la esperanza, y queremos contribuir a ese horizonte con una reivindicación y cuatro propuestas. La reivindicación de los valores fundacionales de la UE (“respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos”), y cuatro propuestas concretas para levantarlos del papel: la defensa y promoción de la paz, la garantía de los derechos humanos dentro y fuera de la UE, la sostenibilidad de la vida y la justicia económica, social y climática.