Cuando se cumplen tres meses de la catástrofe que se cobró más de 200 vidas y arrasó municipios enteros, las huellas más visibles de aquellos días han ido desapareciendo (las montañas de coches en las calles, el agua y el barro anegando los garajes), pero la vuelta a algo parecido a la 'normalidad' aún queda lejos. Edificios pendientes de demolición, pequeños comercios cerrados, problemas de alojamiento, ayudas que no terminan de llegar a la población, servicios sociales y atención sanitaria colapsada... La reconstrucción será un reto para estas comunidades.
Oxfam Intermón sigue trabajando con ocho organizaciones locales para dar respuesta a las necesidades de vivienda, alimentación, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial de personas altamente vulnerables: aquellas que, antes incluso de la DANA, eran invisibles para las instituciones públicas por encontrarse en situación administrativa irregular, a menudo trabajando sin contrato y sin protección en el sector de los cuidados y el campo. Personas que no pueden acceder a las ayudas pese a vivir y trabajar en las zonas afectadas.
Además de recoger fondos para apoyar directamente, seguimos presionando a las administraciones para que no excluyan a las personas migrantes de las medidas de protección. Inmediatamente después de que se aprobasen los primeros paquetes de respuesta, nos dirigimos al Gobierno de España para denunciar esta situación y hacer propuestas concretas (acceso al empadronamiento, tarjetas monedero...), pero aún no han corregido esta injusticia.
"Cientos de personas que en estos meses han recibido apoyo de las organizaciones con las que trabajamos no habían podido acceder a ningún otro tipo de ayuda", explica Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad 0. "Son vecinos y vecinas que también lo han perdido todo, y que se han echado a la calle como el resto de la gente para reconstruir la vida en los municipios, y a cambio se les están negando derechos básicos". La destrucción de la actividad económica de estas localidades y la odisea para encontrar alojamiento sin disponer de ingresos fijos y documentos está llevando a muchas personas a una situación límite.
Pese a las enormes dificultades, Checa aporta una nota positiva: "La ayuda que estamos dando está sirviendo realmente para que muchas personas tengan un techo y no acaben en la calle, y para que puedan comprar lo más básico (comida, medicamentos, material escolar, productos de higiene). Además, están teniendo un apoyo para volver a buscar empleo, por pequeño que sea, para asesorarse en temas jurídicos, buscar otras posibles ayudas... La respuesta que pusimos en marcha rápidamente fue un 'salvavidas' para muchas personas, especialmente en los primeros momentos".
De la pandemia a la DANA
Las ayudas económicas para afrontar las pérdidas materiales (viviendas, vehículos y enseres), las medidas de protección social y laboral (ERTE, ayudas a empresas, refuerzo del IMV…) y los programas de realojo temporal son imposibles de solicitar para aquellas personas que no hayan podido empadronarse, que trabajen sin contratos laborales o altas formales en la seguridad social, que no figuren como titulares de contratos de alquiler de viviendas y suministros, que carezcan de seguros sobre bienes, etc.
Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, solo en la provincia de Valencia entre 28.000 y 41.000 personas se encuentran en situación administrativa irregular. La experiencia de la pandemia nos decía que estas personas corrían el riesgo de quedar al margen de las medidas de protección, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Un doble castigo para quienes ya tenían grandes dificultades para salir adelante incluso antes de la DANA.
"Aún queda mucho por hacer, en los barrios más afectados está todo cerrado y parece que se ha detenido el tiempo", señala Raquel Checa. "Vamos a seguir aquí el tiempo que sea necesario, y seguiremos tocando a la puerta de las administraciones públicas porque hay muchas, muchas personas afectadas que se han quedado absolutamente desprotegidas ante la catástrofe".