La crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 ha desvelado la debilidad de nuestro sistema sanitario, las limitaciones de las políticas públicas responsables de garantizar nuestros derechos sociales y la fragilidad del contrato social, donde todavía abundan la precariedad laboral, los bajos salarios, la desigualdad de género y la vulnerabilidad de una parte importante de la población. Los trabajadores esenciales, que han trabajado en primera línea en hospitales, residencias de mayores, comercios o transporte, entre otros, son los primeros afectados.
La crisis deja además una huella de profundos daños económicos y sociales que se han distribuido de manera muy desigual e injusta. No se pueden repetir los errores del pasado, debemos salir de esta crisis construyendo una economía más humana que no deje a nadie atrás y en la que contribuyan más aquellos que menos han sufrido el impacto de la crisis. Debemos proteger los derechos de las personas trabajadoras y defender las políticas públicas de las que dependemos y han resultado vitales.
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